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En respuesta a un informe presentado por Gladys Bejerano Portela, contralora General de la República, en la última reunión del Consejo de Ministros, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez declaró que era una obligación diseñar entre todos "un sistema de control popular" para enfrentar las desviaciones que surjan en el cumplimiento de "la legalidad socialista" y los hechos de corrupción.
El informe, cuyo contenido no fue revelado por la cobertura de Cubadebate, trataba sobre "el cumplimiento de las directivas y el plan de acciones de control del Sistema Nacional de Auditorías en el primer semestre del año", y a juzgar por la nota oficial, fue el tema principal en la intervención de Díaz-Canel.
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El mandatario aseguró que "la clave" radica en ese control popular y reconoció que “los resultados todavía son insuficientes" y "nos llenan de insatisfacción". Resultan insuficientes la comprensión, la atención a la Política aprobada para el perfeccionamiento de la actividad de Auditoría, la urgencia ante los cambios y retos que hay por delante y la prevención como método de dirección.
“Yo creo que enfrentando esto con el pueblo nosotros vamos a avanzar más”, aseveró.
No obstante, Díaz-Canel advirtió que en la revolución cubana ha existido históricamente una voluntad política para "resolver el problema del control económico", enfrentar la corrupción y atender todo lo que repercute en la eficiencia, el buen desempeño y la transparencia de todos "nuestros procesos económicos y sociales". Y para ello -señaló- hay que buscar en el pensamiento del Comandante en Jefe (Fidel Castro) y del General de Ejército (Raúl Castro).
Durante los mandatos de los hermanos Castro se reportaron en la prensa oficial importantes eventos de corrupción en las altas esferas del poder político y administrativo, pero las denuncias nunca fueron el resultado de procesos de investigación periodísticos o ciudadanos sino de investigaciones de las instituciones del Estado, como el Ministerio del Interior.
Uno de los eventos más trascendentales es el que se conoce como Causa Número 1 de 1989, durante la cual los oficiales Arnaldo Ochoa, Jorge Martínez, Antonio de la Guardia Font y Amado Padrón fueron detenidos por supuestamente participar en operaciones de narcotráfico, luego condenados por traición a la patria en un juicio sumario y finalmente fusilados a un mes de su arresto.
Los familiares o personas cercanas de los oficiales fusilados o sentenciados a privación de libertad han declarado en distintos momentos que no creen que fuera posible que nadie en Cuba realizara un solo movimiento sin que Fidel y Raúl lo supieran y han denunciado el proceso como arbitrario, ilegítimo y extremo.
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