Humberto López, vocero de la Seguridad del Estado, negó este martes en la televisión cubana la celebración de juicios sumarísimos en Cuba (al estar muy clara la sanción se celebran en breve espacio de tiempo), pero admitió que la mayoría de condenados en la Isla salen de juicios sumarios, en los que se prescinden de determinadas formalidades legales.
El también miembro del Comité Central del Partido Comunista negó injusticias o ilegalidades en los procesos emprendidos contra manifestantes del 11J y a la vez reconoció errores "en algunos" de los casos contra los al menos 700 detenidos que han sido documentados por Cubalex, una organización dirigida por la abogada cubana Laritza Diversent, que presta servicio legal gratuito.
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"(Los profesos judiciales) no han sido perfectos", admitió. Fiel a su estilo tendencioso aprovechó su programa en horario de máxima audiencia para mostrar a los cubanos que ante desapariciones forzosas (en su opinión hipotéticas) pueden apelar a la figura del Habeas Corpus, que según dijo, se ha utilizado muy poco desde el 11 de julio.
La abogada Laritza Diversent, radicada en Estados Unidos, da fe de ello y lo atribuye a dos causas fundamentales: al miedo y a los obstáculos legales.
Según explica Diversent, muchos familiares de detenidos o desaparecidos tras las protestas del 11J se ponen en contacto con Cubalex y cuando se les habla de interponer un Habeas Corpus se niegan por miedo a que los desaparezcan a ellos también.
"Hay muchísimo miedo. Nosotros lo hacemos para que no quede por parte nuestra. Al menos les damos la opción. La gente tiene miedo ir al tribunal y que los dejen presos allí. Tienen miedo de que también la cojan con ellos o empeorar la situación de sus familiares", señaló Diversent.
En cuanto a los obstáculos, la abogada tiene constancia de que a personas que viven en localidades afectadas por el coronavirus en Matanzas y La Habana les han impedido salir de sus casas a interponer un Habeas Corpus.
También tiene documentado un caso de una madre de un detenido en las protestas del 11J a la que le impidieron poner el Habeas Corpus porque le exigieron un abogado, cuando este recurso se puede interponer de forma personal, sin asistencia letrada.
Por su parte, el abogado Edilio Hernández, del Grupo Jurídico de Ayuda Ciudadana, destaca en declaraciones a CiberCuba que en efecto, "la falta de cultura o de iniciativa o de voluntad hace que la gente no use el Habeas Corpus ni tome acciones legales".
Hernández destaca que de hace dos años para acá, los tribunales cubanos contestan a los Habeas Corpus. "Antes ni contestaban. Los tribunales no estaban acostumbrados a que los increparan y los pusieran a trabajar así", señala.
Para Hernández es necesario destacar que tanto Humberto López como Díaz-Canel siguen enviando un mensaje de división y odio entre los cubanos, pero hay una novedad. Tanto el vocero de la Seguridad del Estado como altos funcionarios de Justicia reconocen errores en los procesos contra manifestantes del 11 de julio.
Edilio Hernández cree que en el mismo momento en que Humberto López sale en televisión a hablar de los juicios sumarios está defendiendo que esos juicios son válidos cuando en realidad estamos ante una acción ilegal del Estado que ha limitado el derecho a manifestación de los cubanos, añadió.
En este sentido, el abogado Santiago Alpízar, del proyecto Cuba Demanda, de Miami, defiende que lo esencial de todo esto no es que los juicios sean sumarios o sumarísimos sino que estén juzgando a manifestantes pacíficos apelando al delito de desorden público, que dice claramente en el Código Penal que se refiere al que "sin causa dé gritos de alarma".
"No se pueden equiparar los gritos de incendio en una sala de cine cuando no hay tal y que la gente salga corriendo a las protestas del 11 de julio. En realidad están juzgando a la gente por un delito que no se tipifica", añade.
"No hay delito en gritar Libertad porque ese no es concepto de delito y la libre expresión está garantizada en el artículo 54 de la Constitución. Por tanto hay violaciones al debido proceso porque la Constitución garantiza la libertad de expresión y la Ley de Procedimiento Penal, anterior a la Constitución, no", recalca Alpízar.
Esta situación es la que lleva a Alpízar a definir al régimen cubano como un "apartheid político" en el que sólo se respeta el derecho a manifestación de los afines al Partido Comunista y se criminalizan las opiniones discordantes.
Para el abogado Julio Ferrer, residente en Cuba, "la ausencia de un Tribunal Constitucional o de Garantías Constitucionales en el sistema político-jurídico cubano significa una nefasta carencia para lograr una vía expedita y efectiva de defensa constitucional".
Este Tribunal Constitucional, en su opinión, "rescataría el debido respeto y obediencia a la ley tanto por los ciudadanos como por los funcionarios estatales hasta el más alto nivel. Preservaría el respeto a la Ley y a la Constitución".
A continuación, el programa de Humberto López defendiendo que no ha habido injusticias en Cuba.
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