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El gobierno de Estados Unidos sancionará a los funcionarios cubanos responsabilizados con la represión y las violaciones de derechos humanos contra los manifestantes en las recientes protestas en la isla.
La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo este martes que, por instrucciones del presidente Joe Biden, el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), continuará evaluando a "los funcionarios cubanos designados como responsables de la violencia, la represión y la violación de los derechos humanos contra manifestantes pacíficos en Cuba".
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"Por indicaciones del presidente, estamos buscando tomar medidas para apoyar al pueblo cubano y responsabilizar al régimen", afirmó Psaki.
Es la primera medida de acción directa contra la jerarquía política y los funcionarios cubanos que elabora la administración Biden tras el estallido social y la respuesta represiva del régimen, que ha dejado cientos de detenidos, desaparecidos y un muerto oficialmente reconocido.
"También estamos tratando de aprovechar organismos internacionales para aumentar los flujos de asistencia humanitaria a Cuba, y trabajar con nuestros aliados internacionales para ayudar tanto a expresar la preocupación y ejercer presión pública", agregó Psaki.
Las imágenes de las protestas difundidas en las redes sociales y por medios internacionales desde el pasado 11 de julio mostraron múltiples escenas de violencia, con amplios despliegues de fuerzas militares y partidarios gubernamentales, armados de palos y objetos contundentes para golpear.
Testimonios personales, denuncias de familiares y organizaciones independientes han puesto en evidencia la agresividad de la respuesta gubernamental contra las manifestaciones y algunos actos violatorios de la integridad física de los detenidos.
Este martes en el programa oficialista "Haciendo Cuba" de la Televisión Cubana, representantes de la Fiscalía General y el Ministerio del Interior (MININT) rechazaron la existencia de prisioneros desaparecidos y negaron que se produjeran torturas tras las protestas. el diario Granma publicó este miércoles un artículo de portada sobre el programa televisivo bajo el título de "En Cuba no hay desaparecidos ni torturados".
José Luis Reyes Blanco, jefe de Recursos Penales de la Fiscalía General, informó que 63 personas se han dirigido al organismo para denunciar tratos injustos y violaciones durante las protestas por parte de las autoridades, y que se han presentado cinco reclamaciones formales.
La advertencia lanzada por la administración Biden contra los represores cubanos implica que el Departamento del Tesoro podría activar su lista negra de personas designadas, conocida como Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) y que fue establecida por OFAC desde hace décadas para sancionar a narcotraficantes y personas vinculadas a países patrocinadores del terrorismo o sujetos a un embargo comercial.
La designación convierte automáticamente en ilegal cualquier relación comercial que puedan establecer estas personas con entidades en Estados Unidos, además de que están imposibilitados de recibir visas estadounidenses, con extensión de las prohibiciones a sus familiares cercanos.
Pero el Departamento de Estado podría a la vez incluirlos en la Cuban Restricted List (CRL), una iniciativa creada por la administración de Donald Trump en noviembre de 2017, con el fin de reafirmar las sanciones a entidades y nacionales cubanos, particularmente por sus vínculos con organismos militares y con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Entre los altos funcionarios cubanos enlistados por Estados Unidos se encuentran el General Raúl Castro, el gobernante Miguel Díaz-Canel, Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, presidente del conglomerado empresarial militar GAESA; el General Leopoldo Cintra Frías, exministro de las Fuerzas Armadas; y al ministro del Interior, general Lázaro Alberto Álvarez Casas.
Washington no ha procedido a designar para sus listas negras a ningún funcionario del régimen cubano durante el mandato de Biden.
Hay 83 entidades cubanas en la SDN y más de 220 en la CRL, y algunos nombres y empresas se repiten en ambas listas, que comprenden similares sanciones.
"Continuaremos explorando la designación de funcionarios cubanos que son responsables de lo que hemos visto en estos días, es decir, la violencia, la represión, las violaciones de los derechos humanos, contra estos manifestantes pacíficos que no hacían y hacen más que ejercer sus derechos universales", dijo este martes Ned Price, portavoz del Departamento de Estado.
Price añadió que su gobierno está también trabajando diligentemente con la comunidad internacional para "condenar en bloque la oleada de represión en Cuba y apoyar al pueblo cubano, que está exigiendo la libertad y los derechos que se le han negado durante mucho tiempo".
El proyecto Cuba Demanda y la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, ambos radicados en Miami, han documentado regularmente los casos de altos funcionarios y representantes del régimen directamente vinculados a acciones represivas contra el pueblo cubano, con vistas a solicitar que sean sancionados por Estados Unidos y organismos internacionales.
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