El Grupo Temporal de Trabajo Provincial de Transporte en Sancti Spíritus ratificó la restricción de movilidad que existe en ese territorio cubano para evitar la propagación de nuevos casos de coronavirus.
La decisión, vigente desde febrero, afecta la transportación pública de pasajeros, automotor y ferroviario y ratifica el funcionamiento de los puntos de embarque y la obligatoriedad de los medios estatales de recoger pasajeros, señala una nota divulgada este fin de semana.
La entidad territorial recordó a los espirituanos que de manera excepcional y por motivos humanitarios podrán trasladarse a otras provincias o municipios aquellas personas que presenten con 72 horas de antelación una solicitud.
"Los puntos de control sanitario, ubicados tanto en fronteras de la provincia como en el interior del territorio, extremarán las medidas de control con la finalidad de comprobar que solo circulen los pasajeros autorizados y los medios estatales administrativos imprescindibles", agregó el comunicado.
Ese mismo organismo estatal destacó que el personal de Salud Pública y otros centros de producción o servicios priorizados están autorizados a trasladarse usando los medios que existen hasta el momento, pero ningún transporte podrá llevar pasajeros de pie.
El comunicado agrega que se incrementarán los controles en la vía y espacios públicos y que se aplicarán con rigor las medidas contempladas en el Decreto 31/2021, el cual multa hasta con 3.000 pesos cubanos a aquellas personas naturales o jurídicas que violen las medidas sanitarias que pretenden controlar el avance del coronavirus.
En Sancti Spíritus hay más de 4.300 personas diagnosticadas con el SARS-CoV-2, con una tasa que supera los 110 casos por cada cien mil habitantes en los últimos 15 días, según datos oficiales.
La cabecera provincial, Cabaiguán y Trinidad son los tres municipios con mayor incidencia y hasta la fecha se acumulan un total de 22 fallecidos en todo el territorio, lo que obligó a las autoridades a tomar medidas drásticas para evitar la propagación del virus.
Para detectar a las personas que no han pagado las multas, la Policía de ese territorio desplegó un operativo que permite escanear los documentos de identidad de los ciudadanos y saber si tienen pendiente el pago de alguna sanción económica.
Al igual que en el resto del país, la policía impone un elevado número de sanciones por violar las medidas sanitarias impuestas por el gobierno, lo que genera descontento popular en medio de una crisis económica, social y política que a muchos recuerda la década de los años 90 del pasado siglo.
El control de las autoridades sobre los ciudadanos, y en especial a aquellos que infringen el Decreto 31/2021, llega a ser en algunos casos excesivos, según las denuncias de varios ciudadanos que se quejan del maltrato por parte de las autoridades.
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