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Los seis manifestantes detenidos en la protesta pacífica del pasado 30 de abril en la calle Obispo de La Habana fueron trasladados a distintas prisiones del occidente del país, según recoge la organización no gubernamental Cubalex, dedicada a la defensa de los derechos humanos en Cuba.
Los jóvenes, detenidos por protestar pacíficamente, han sido llevados a centros penitenciarios alejados de la capital de la isla, en las provincias desde Pinar del Río a Matanzas.
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El joven Yuisán Cancio Vera fue trasladado a la Prisión Provincial de Pinar del Río, señala el post.
Por su parte, Thais Mailén Franco, quien es madre de tres niños, fue llevada desde el 22 de mayo a la Prisión de Mujeres de Occidente en el Guatao, en los límites de la provincia de La Habana, en el municipio La Lisa, detalla Cubalex.
Aclara que en el caso de Inti Soto Romero, el traslado habría ocurrido el viernes 21 de mayo a la prisión de Guanajay, en la provincia de Artemisa. Sin embargo su familia no fue informada hasta el día 24 cuando fueron a visitarlo al centro de detención del Departamento de la Seguridad del Estado, Villa Marista.
El 26 de mayo el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) comunicó que una de sus periodistas, Mary Karla Ares, de 29 años, sería trasladada igualmente a la Prisión de Mujeres de Occidente, en el Guatao.
Ese mismo día el también periodista independiente Esteban Rodríguez fue enviado al centro penitenciario de Valle Grande, un reclusorio alejado de la ciudad, en el municipio La Lisa.
Por último, el joven Luis Ángel Cuza Alfonso ingresó a la prisión del Combinado del Sur, en la provincia de Matanzas, dijo la ONG.
Cubalex considera que la reclusión de estos jóvenes en otras provincias, o alejados de su lugar de residencia, es otra forma de castigo.
Explica que en medio de las restricciones de movilidad por la pandemia del coronavirus, la lejanía dificultará el acceso de los abogados y familiares a los activistas presos, quienes enfrentan los mismos cargos: Desórdenes Públicos (artículo 228 del Código Penal) y Resistencia (artículo 159).
Las sentencias por los mismos van desde 3 meses a 5 años de privación de libertad, destaca Cubalex.
A pesar de que se ha solicitado el cambio de medida a una prisión provisional, esta petición fue rechazada por el tribunal.
La ONG denuncia que el abogado de los jóvenes "no ha tenido acceso a los expedientes en fase preparatoria de los manifestantes".
"El 9 de mayo se presentó un recurso de apelación a los Hábeas Corpus declarados sin lugar por el Tribunal Popular Provincial de La Habana. El Tribunal Supremo de Justicia no suele responder cuando se trata de un recurso de tramitación urgente", subrayó la organización, que exigió al gobierno cubano la liberación inmediata de los manifestantes de Obispo.
Otras instancias han pedido también la liberación de los jóvenes, quienes el día de la protesta solo intentaban llegar a la casa del activista Luis Manuel Otero Alcántara quien se encontraba en huelga de hambre y de sed.
Amnistía Internacional (AI), el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y otras organizaciones internacionales de derechos humanos se han pronunciado al respecto y han pedido información sobre la salud de los detenidos, a raíz de varios reportes de coronavirus en las prisiones.
Incluso trascendió que Yuisan Cancio Vera, sufría una pequeña lesión en el pulmón mientras lo mantenían en la Prisión Provincial de Pinar del Río y estaba con 40 de fiebre.
El proyecto Voces del Sur exigió este viernes al Gobierno de Cuba la liberación inmediata de Mary Karla Ares, quien fue detenida por transmitir la mencionada protesta y la represión de la policía en una directa para Facebook.
Voces del Sur es un proyecto que agrupa a 13 organizaciones de la sociedad civil que defienden la libertad de expresión en Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Honduras Perú, Uruguay, Venezuela, Nicaragua, Guatemala, México y Brasil.
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