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El Gobierno de Cuba publicó este viernes las normas jurídicas que amparan el paquete de 15 medidas económicas que buscan el fortalecimiento y la transformación de la empresa estatal socialista, según medios oficialistas.
La Gaceta Oficial No.51 Ordinaria de 2021 difundió los decretos leyes No.34 “Del Sistema Empresarial Estatal Cubano” y el No.36 “Modificativo de la Ley 105 ‘Ley de Seguridad Social’”. Además, se incluye en la Gaceta el Decreto 39, “Modificativo del Decreto 283 Reglamento de la ‘Ley de Seguridad Social’”, que databa del 6 de abril de 2009.
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Persistiendo en el modelo socialista de producción, el Decreto Ley No.34 ratifica a la empresa estatal socialista como el sujeto principal de la economía nacional, según lo establecido en la Constitución vigente, que consagra el modelo político de Cuba como socialista y al partido comunista como único legal:
"Artículo 20.1. La empresa estatal socialista es el sujeto principal de la economía nacional; dispone de autonomía en su administración y gestión; desempeña el papel principal en la producción de bienes y servicios, y cumple con sus responsabilidades sociales, según lo establecido en la Constitución de la República".
Entre las medidas contempladas en el Decreto Ley 34 se regula “el pago por alto desempeño” en la empresa estatal socialista, el cual se define como un “complemento al reconocimiento moral que recibe un trabajador o colectivo laboral de forma excepcional”. Además, se estipula que “en ningún caso tiene carácter permanente, ni masivo”.
Este Decreto Ley contiene las 15 medidas que conforman el paquete de disposiciones legales anunciadas por el Ministerio de Economía y Planificación desde septiembre de 2020. Según Cubadebate, con ellas se pretende enrumbar a la empresa estatal socialista hacia su necesaria transformación.
Con ello se persigue conseguir “mejores condiciones para garantizar que el sistema de empresas estatales dé el salto productivo, así como en la prestación de servicios y en términos de calidad dentro de la vida económica del país”.
Entre las medidas destaca la posibilidad de que trabajadores jubilados puedan ser nuevamente contratados, “incluso en el mismo cargo que ocupaban en el momento del retiro, siempre y cuando resulte interés de la empresa”. Asimismo, se ha modificado el cálculo de las mensualidades en relación con las pensiones, entre otras medidas.
“El modelo económico social comunista no cree en la empresa privada”, afirmó el economista Elías Amor a finales de enero. Según el crítico del modelo económico del régimen cubano, este simplemente ignora a la empresa privada, denominándola despectivamente como “otras formas de propiedad”.
“La empresa estatal socialista es el sujeto principal de la economía nacional. Dispone de autonomía en su administración y gestión; desempeña el papel principal en la producción de bienes y servicios y cumple con sus responsabilidades sociales. La ley regula los principios de organización y funcionamiento de la empresa estatal socialista”, establece el Artículo 27 de la Constitución cubana.
Para el economista, creer que la Tarea Ordenamiento o medidas encaminadas al fortalecimiento de la empresa estatal socialista pueden contribuir a la salida de la crisis que atraviesa la economía cubana “es un gran error”. Considera Amor que reformas en este sentido constituyen “los nuevos instrumentos del régimen para la permanencia de su modelo de política económica”.
Por su parte, para el economista Ángel M. Rodríguez Pita, el régimen castrista ha visto deteriorado sus mecanismos de control social por la crisis de la empresa estatal socialista frente al auge de los pequeños y medianos empresarios privados en el mercado nacional; y de ahí su interés, expresado en múltiples ocasiones, de “fortalecer” estas empresas.
“Ha existido insuficiente capacidad de reacción en la implementación de las medidas aprobadas para perfeccionar la gestión de la empresa estatal socialista. Siempre se cuestionan las trabas que frenan esa gestión, pero hoy se aprecia más agilidad en la presentación de medidas que facilitan, que en su aplicación”, apreciaba Miguel Díaz-Canel a finales de 2019.
La reducción del gasto público debido a la crisis económica, el endeudamiento exterior y el incremento del déficit fiscal, han provocado el colapso de muchas actividades económicas de empresas estatales y, con ello, una merma en la legitimidad del modelo y sus gobernantes.
Para el medio oficialista Cubadebate, las medidas que ahora entran en vigor ayudarán a destrabar procesos y dotarán a las entidades del sistema empresarial de herramientas capaces de alinearlas “con la estrategia del país para continuar desarrollando su economía”.
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