El gobernante Miguel Díaz-Canel aseguró ayer en una reunión con cuentapropistas, representantes de empresas estatales y cooperativistas no agropecuarios de todo el país que "la revolución no va entregar el sector no estatal al enemigo".
"El sector estatal es nuestro", dijo tras comprometerse a seguir desarrollando la iniciativa privada, aunque con condiciones.
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El sucesor de Raúl Castro definió de este modo el tipo de actividad privada que el Partido Comunista de Cuba tolerará en la Isla: sólo la que sirva como "complemento de la economía estatal", según recoge el diario Granma.
De esta forma dejó claro que los comunistas cubanos no tienen intención de seguir el ejemplo de las economías desarrolladas, donde el grueso del sector empresarial está en manos de pequeñas y medianas compañías privadas.
Cuba, inmersa en la peor crisis económica de los últimos 20 años, no seguirá ese camino porque eso separaría al "pueblo del gobierno", reconoció sin tapujos Díaz-Canel, en un encuentro con una alta carga "ideológica y política".
En vísperas de que se inaugure hoy el octavo congreso de los comunistas cubanos, Díaz-Canel habló, además, de un "enemigo" que, en su opinión, "no descansa en tratar de fracturar la relación entre el sector estatal de la economía y el no estatal", recalcó sin definir si ese enemigo es externo, interno o académico.
Se trataría, en todo caso, de un enemigo que "pretende desconocer al sector estatal, desconocer al gobierno, y favorecer financieramente y mediante otras formas de influencia al sector no estatal de la economía y separarlo de su aporte al proyecto de desarrollo socialista", aclaró para evidenciar una vez más que los empresarios cubanos que no comulguen con las ideas del PCC no son bienvenidos.
Prueba de ello es que el anuncio de la privatización de la gestión de cafeterías y restaurantes estatales no contempla pedir aval económico a quienes opten a esa licitación. Esto ha llevado a economistas como Elías Amor a alertar de la discrecionalidad con que se repartirán esos contratos entre los candidatos que sean o parezcan ser simpatizantes del Partido Comunista.
Esta situación explicaría además por qué de los 10,4 millones de hectáreas de tierra que existen en Cuba, sólo están cultivadas 3,1 millones. Se trata de una tercera parte gestionada en su mayoría por cooperativas privadas.
Por su parte, el primer ministro Manuel Marrero Cruz reiteró una vez más que el trabajo por cuenta propia ha creado 600.000 empleos (dato anterior a la pandemia de la COVID-19) en el país y cómo en los últimos años ha mejorado la percepción que se tiene de él entre la población. Aunque no lo mencionó, se refiere a la alta productividad y mejores sueldos en comparación con los resultados de las empresas del Estado.
Además, el primer ministro destacó que la recaudación de impuestos al sector privado en Cuba constituye la principal fuente de ingresos en muchos municipios de la Isla. Este lado positivo contrasta con la parte negativa, retratada por Marrero Cruz como "no pocos hechos extraordinarios, sobre todo asociados a violaciones de lo establecido".
Finalmente, avanzó la intención de extender de forma gradual la experiencia de las Cooperativas No Agropecuarias, que él llama "nueva forma de gestión", que se abrirán paso tanto en el sector estatal como privado. El objetivo, según dijo, es conseguir "una sociedad próspera y sostenible", algo que el PCC no ha podido lograr en los últimos 62 años.
Dos ministros cesados y venta de carne de res
Díaz Canel y Marrero Cruz han hecho estas declaraciones la misma semana en la que han sido cesados dos ministros: el de Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, y el de las FAR, Leopoldo Cintra Frías.
También esta semana el Gobierno cubano ha aprobado 63 medidas económicas, de las cuales 30 son de aplicación inmediata, para dar un impulso a la producción de alimentos en el país.
Ninguna de esas iniciativas modifica la propiedad estatal sobre la tierra. Se reducen a bajadas de los precios de la electricidad, el agua, la aviación y los piensos; así como una reducción de entre el 2 y el 5% de los impuestos que se abonan por ingresos personales. O sea, el agricultor se ahorra un máximo de 5 de cada 100 pesos que tiene que pagar al Estado.
En esta supuesta línea de apertura entra además la posibilidad de que los campesinos puedan pedir préstamos bancarios o contratar la luz por su cuenta sin tener que estar afiliado a una cooperativa.
Lo más llamativo ha sido, sin dudas, el anuncio de que se permitirá a los ganaderos vender el excedente de leche, queso y carne de res, luego de cumplir la entrega del 80% de su trabajo al Gobierno, que paga esos productos a precios por debajo del mercado.
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