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Las autoridades estadounidenses han cerrado el Campo 7, un antiguo centro de detención secreto ubicado dentro de la base militar de Guantánamo, al oriente de Cuba, y ha trasladado a sus 40 internos a la cárcel principal de la base.
El traslado se llevó a cabo "de forma segura y sin incidentes", informó el Comando Sur en un comunicado oficial, que explica que la medida busca concentrar a todos los detenidos para "mejorar la eficacia operativa y la efectividad" y reducir costes. El gasto en los detenidos se estima en 13 millones de dólares por prisionero por año.
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El Campo 7 fue un centro de detención secreto de máxima seguridad que alojó a sospechosos vinculados con los atentados del 11 de septiembre de 2001 y otros detenidos capturados por la CIA en el extranjero.
No se conocen oficialmente detalles sobre su funcionamiento, puesto que la prensa no ha podido visitar nunca estas instalaciones y los abogados de los internos tenían que obtener una orden judicial para poder acceder a esta ubicación.
Fuentes oficiales han revelado que ha habido problemas con el alcantarillado y frecuentes cortes de electricidad y el Departamento de Defensa ha terminado por renunciar a conseguir los fondos necesarios para su reparación.
Entre los trasladados estaría Jalid Shaij Mohamed, supuesto cerebro de los atentados del 11-S, y cinco sospechosos más que participaron en la planificación y ejecución de los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono.
La instalación abrió en 2002 como centro de máxima seguridad donde se llevaban a cabo interrogatorios durante la "guerra contra el terrorismo" del Gobierno de George W. Bush.
Tanto el expresidente Barack Obama (2009-2017) como el actual mandatario estadounidense, Joe Biden, prometieron cerrar Guantánamo, pero no pudieron asumir los problemas que se derivarían de ello.
En febrero, la agencia Reuters aseguró que el gobierno norteamericano había puesto en marcha una revisión formal del futuro de la prisión militar.
El actual edificio de dos pisos, una instalación de máxima seguridad cuya construcción costó $ 17 millones en 2004, sigue el modelo de una prisión estatal en Bunker Hill, Indiana. Tiene una modesta clínica de salud para detenidos y una sala psiquiátrica con una celda acolchada, pero ninguna capacidad de cuidados paliativos o de atención al final de la vida que alguna vez imaginaron los planificadores del Pentágono.
La instalación de máxima seguridad está diseñada para mantener a los prisioneros confinados en sus celdas, excepto cuando los guardias mueven a una persona a las duchas, las jaulas al aire libre que sirven como patios de recreación u otra celda donde un solo cautivo puede sentarse en un sillón reclinable, con un tobillo encadenado a un perno en el suelo y ver la televisión.
Hasta el domingo, dijeron los militares, los 40 detenidos de la llamada guerra contra el terrorismo, incluidos los 11 hombres que han sido acusados de crímenes de guerra, así como otros detenidos indefinidamente, estaban alojados en un recinto rodeado de alambre de púas y que contiene dos edificios penitenciarios, llamados Campos 5 y 6.
El plan para consolidar a los prisioneros fue ideado durante la administración Trump, cuando el Campo 7, empezó a fallar. Las aguas residuales se derramaban por los diversos niveles de la prisión, a veces se cortaba la luz y algunas puertas de las celdas no se cerraban, denunció un reciente reportaje de The New York Times. La situación empeoró durante el verano en medio de la pandemia de coronavirus porque era difícil traer contratistas y repuestos para hacer las reparaciones.
El mayor Gregory J. McElwain, portavoz del Comando Sur de los Estados Unidos, calificó la medida del cierre del Campo 7 como una "decisión fiscalmente responsable" cuya planificación "involucró a todas las organizaciones relevantes para incluir a la comunidad de inteligencia".
El campamento funcionó bajo un memorando de acuerdo de 2006 entre Donald H. Rumsfeld y Michael V. Hayden, el secretario de defensa y la C.I.A. director en ese momento. El domingo no se supo de inmediato si se llegó a un nuevo acuerdo o se disolvió el anterior.
Lo más probable es que la medida signifique una reducción de los 1 500 soldados que vigilan el lugar, en su mayoría miembros de la Guardia Nacional, que cumplen principalmente períodos de servicio de nueve meses.
A corto plazo, dijeron las autoridades, el Campamento 7 "será desinfectado, cerrado y cerrado con llave".
Diversos medios norteamericanos aseguran que en los últimos años, los comandantes militares de la prisión permitían a los prisioneros comer y orar juntos bajo estricta vigilancia. También tenían una celda donde podían preparar su propia comida para pasar el tiempo.
Se desconoce si ese estilo de vida comunal proseguirá en el nuevo entorno de los prisioneros.
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