Uno de los diputados a la Asamblea Nacional cubana, el Doctor en Derecho Ariel Mantecón, elogió este miércoles en la TV cubana la nueva Constitución y aseguró que "pecó por ser tan inclusiva".
La singular declaración tuvo lugar en una emisión del programa "Hacemos Cuba", dedicada a responder las dudas de la población sobre el impacto de las recientes reformas económica en la atención legal, y hasta qué punto los altos precios que ahora deben pagarse por los servicios de un abogado en la isla no van contra la reciente reforma constitucional, que consagra (en su letra) el derecho a la representación legal de los ciudadanos.
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Ante una pregunta del periodista Humberto López, que le pidió que definiera la Constitución como "sueño o realidad", el diputado y miembro de la Comisión redactora de la Carta Magna respondió:
"La Constitución siempre es un sueño, es una manera de ver un futuro. Tiene que consagrar un estado de cosas, por supuesto, y eso lo hace la nuestra. Yo creo que es una Constitución de avanzada. Uno de los problemas que tiene es que pecó por ser tan inclusiva, por recibir tantas opiniones, y a veces se puede haber sacrificado un punto de vista técnico por dar cabida a criterios ciudadanos... Hay unos cuantos acápites donde eso se nota. Pero lo que sí no he visto poner en duda es el carácter amplio, generalizador, la capacidad que tiene como instrumento jurídico para modelar un futuro".
El programa sorteó las numerosas preguntas enviadas por los televidentes cubanos, y abordó temas que no suelen tratarse en los medios oficialistas, como por qué no existe una abogacía privada en Cuba, cómo tuvo lugar la eliminación paulatina de este ejercicio durante la Revolución y si puede considerarse garantista el sistema actual basado en la Organización de Bufetes Colectivos.
Durante una consulta popular que tuvo lugar entre agosto y noviembre de 2018, la mayor parte del pueblo cubano pidió que los abogados defensores estuvieran presentes desde el inicio del proceso, y así quedó consagrado en el texto final de la actual Constitución. El problema es que ahora muchos cubanos no tienen dinero para pagar esa atención legal, elevada a derecho constitucional.
El Estado, que se supone independiente, tampoco puede pagar el salario de los abogados, y ahora estos deben ser financiados a partir de la Organización de Bufetes Colectivos, "que está obligada a un replanteamiento económico", según explicó Mantecón.
Durante todo el programa, los argumentos del especialista en Derecho y del periodista oficialista trataron de presentar el actual sistema como garantista e, incluso, admitieron que las soluciones que se estudian para el "caso cubano" deberán imitar los recursos de otras sociedades o países capitalistas, que tienen previstos servicios de justicia gratuita para quienes no puedan pagar asistencia privada
Los bufetes privados de abogacía existieron en Cuba hasta el año 1965, fecha en que empezaron a integrarse a los llamados "Bufetes colectivos". Para Mantecón, se trató de un proceso "espontáneo", provocado por una "operación de consenso político", que llevó a que se formara la abogacía colectiva. La realidad es que muchos abogados privados emigraron al darse cuenta del rumbo totalitario de la Revolución, y los que se quedaron debieron aceptar las normas impuestas por el "proceso revolucionario".
"Consenso no quiere decir unanimidad, pero la mayoría está a favor de esa formula de organización", aseguró el diputado, sin mayor evidencia histórica.
La realidad es que Cuba tiene actualmente un sistema que en la práctica desmiente la letra de su Constitución y sus reglamentos penales. Es poco lo que pueden hacer los abogados de los disidentes y activistas, por ejemplo, que intentan protestar contra los desmanes y el acoso de la policía política.
Sorprende también que el diputado haya calificado a la nueva Constitución de demasiado inclusiva cuando hay numerosas peticiones que no fueron tenidas en cuenta durante la discusión de hace tres años, y varios temas, como el matrimonio homosexual, cuya aprobación o discusión han sido postergados sine die a un referendo fuera del texto.
La visión propagandística del régimen también ignora, por supuesto, las constantes violaciones de los derechos humanos y civiles de los cubanos, denunciadas por activistas, gobiernos y organizaciones de derechos humanos.
Estudiosos del constitucionalismo cubano como Rafael Rojas, Julio César Guanche, y Julio Antonio Fernández Estrada han hecho notar que el proceso constituyente de los años recientes reproduce la lógica estadocéntrica de la vieja Constitución de 1976, que se ha preservado y, en algunos casos, afianzado en las constituciones de 1992 y 2018.
Aunque la nueva Constitución cubana introduce varios desplazamientos semánticos con respecto a la tradición soviética, su plasmación constitucional de los derechos políticos sigue siendo muy limitada, y tiende a afianzar la hegemonía semántica del Estado. Según ha explicado Rafael Rojas en un análisis reciente, "el Estado domina, de punta a cabo, el lenguaje constitucional cubano, tanto en el aspecto dogmático como en el orgánico, desplazando a otras nociones de gran valor político o simbólico como nación, pueblo, república o ciudadanía".
Eso en cuanto a la letra de la Carta Magna. Porque en Cuba, como sabemos, la realidad del ejercicio de los derechos tiene poco que ver con esa inclusión de la que presume su redactor, ante la mirada alborozada de López, que hace apenas una semana se dedicó a difamar a activistas y disidentes en horario de máxima audiencia y sin derecho a réplica.
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