El ex congresista cubanoamericano de Miami, David Rivera, quien se ha visto envuelto en más de un escándalo durante los últimos años, recibió una multa de $ 456 000 dólares por presuntamente haber incurrido en una violación del financiamiento de campañas electorales en 2012.
A Rivera, representante republicano, se le acusa de canalizar en secreto una suma de $75,927 en fondos de campaña a un candidato político novato que se postulaba contra el probable contrincante demócrata del cubanoamericano en el Distrito 26 de Florida, en un intento ilegal por debilitar a su posible rival.
La Comisión Federal de Elecciones (FEC por sus siglas en inglés), afirmó que Rivera apoyó de ese modo a Justin Sternad para enfrentar con más facilidad a la campaña del demócrata Joe García, quien finalmente ganó el escaño del área de Miami.
La jueza federal de distrito Marcia G. Cooke se puso del lado de la FEC y ordenó a Rivera que pague una multa de $456,000, acusándolo de actuar a sabiendas de la ilegalidad de sus actos. Cooke sostuvo que el cubanoamericano tiene el dinero para pagar la multa y también emitió una orden judicial permanente para evitar que Rivera siga infringiendo la ley de financiación de campañas en el futuro, pues continuó postulándose para las elecciones después de perder la contienda de 2012 por el Distrito 26 de Florida.
“Tal vez, ya que la Corte está prohibiendo a Rivera participar en una conducta ilegal similar en el futuro, ‘eso sea suficiente’ para convencer a Rivera – un ex congresista federal – de dejar de violar la ley”, escribió la jueza en su fallo. “Rivera continúa negándose a asumir la responsabilidad por su conducta ilegal”, agregó.
Por otro lado, la FEC alegó que Rivera trabajó con una asociada, Ana Sol Alliegro , para canalizar el efectivo a Sternad.
Desde que perdió en 2012, Rivera se ha postulado sin éxito para el Congreso. Fue elegido el año pasado para el comité ejecutivo del Partido Republicano de Miami. Representó al Distrito 25 del Congreso de Florida desde enero de 2011 hasta enero de 2013, caracterizándose por una férrea postura anticastrista y antichavista.
Sin embargo, en 2020 fue acusado en un tribunal federal de Nueva York de recibir pagos millonarios por servicios al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La demanda estuvo relacionada con la compañía petrolera estatal de Venezuela (PDVSA), que recurrió a Rivera como figura bien conectada en Florida para obtener de él “servicios de consultoría estratégica” por $50 millones.
Poco después, el fundador y coordinador nacional del partido político Voluntad Popular en Venezuela, Leopoldo López, afirmó que demandaría a Rivera por difamación tras supuestamente levantar falsas declaraciones con la intención de dañar la reputación del opositor venezolano.
El cubanoamericano, que opera la firma Interamerica Consulting, había señalado a López por presuntamente participar en un plan para beneficiar al régimen de Maduro.
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