La red global Amnistía Internacional denunció el jueves que entre el 6 y el 9 de enero el suroeste de Caracas, Venezuela, fue escenario de presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía del gobierno de Nicolás Maduro.
Los hechos ocurrieron en la parroquia La Vega, y aunque no hay información pública oficial sobre la investigación de estos eventos por parte de la Fiscalía General de la República ni de la Defensoría del Pueblo, la ONG indagó a través de fuentes abiertas y de su Laboratorio de Evidencias de Crisis.
Según el informe de esta investigación, titulado Venezuela: Impunidad ante letal política de control social, “a pesar de que no puede concluirse que en todos los casos haya habido una actuación dolosa por parte de las autoridades, existen suficientes indicios para concluir que los hechos en cuestión responden a un patrón de ejecuciones extrajudiciales que se denuncian desde hace años por organismos y organizaciones internacionales y la sociedad civil venezolana”.
"Amnistía Internacional ha tenido acceso a imágenes que presuntamente pertenecen a los cuerpos de 14 personas que habrían perdido la vida entre el 6 y el 9 de enero de 2021", afirma la organización que también publica fotos capturadas de estos reportes.
"Después de un análisis forense de estas imágenes, existen distintos hallazgos que elevan seriamente las preocupaciones en materia de derechos humanos, y en la posibilidad que estos eventos sean parte de un patrón sistemático de ejecuciones extrajudiciales en contra de hombres jóvenes en situación de pobreza con el objetivo de mantener control social sobre las zonas de bajos ingresos", expresa el documento.
Ese organismo pidió a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) que incluya el hecho en las investigaciones preliminares que ya están abiertas.
Detalla el informe que los vecinos de la parroquia denunciaron una creciente presencia policial que comenzó el 6 de enero y que, dos días más tarde, se tradujo en la presencia de unos 650 agentes.
"Si bien vecinos denunciaron la presencia policial desde el 6 de enero, dos días después, se desplegaron 650 funcionarios de fuerzas de seguridad venezolanas en la parroquia La Vega, en el sudoeste de Caracas, por un supuesto enfrentamiento entre bandas armadas y la policía", expresa el texto.
"Los funcionarios desplegados incluían a las Fuerzas de Acción Especiales (FAES) y otros cuerpos de la Policía Nacional Bolivariana, quienes han sido cuestionados en el pasado por las sistemáticas ejecuciones extrajudiciales de hombres jóvenes en situación de pobreza", subraya.
Tanto organizaciones defensoras de los Derechos Humanos como vecinos de La Vega han negado que las muertes registradas durante esos días se produjeran en el marco de un enfrentamiento.
Algunos de los fallecimientos podrían deberse a balas perdidas, pero no hay constancia de que hubiese heridos entre las fuerzas de seguridad. Los únicos afectados fueron los pobladores del lugar.
El operativo duró en total cuatro días y Amnistía cuestiona la actuación de los policías, después de analizar una serie de imágenes captadas en la zona que confirmarían las ejecuciones.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, dijo que “a pesar de las denuncias reiteradas de organizaciones internacionales y la valiente sociedad civil venezolana, estos crímenes continúan año tras año, de la mano con una sistemática impunidad”.
Explicó que Amnistía también ha denunciado otras 10 víctimas mortales en otras fechas.
“Las políticas de represión y de control social se sustentan en una impunidad promovida y sostenida por las mismas autoridades que han cometido masivas violaciones de los derechos humanos en Venezuela”, añadió Guevara Rosas.
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