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La administración de Joe Biden anunció este jueves nuevas nornativas de control migratorio que limitarán drásticamente los arrestos y las deportaciones realizadas por el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Los agentes y oficiales de ICE deberán, a partir de ahora, priorizar arrestos, detenciones y deportaciones de inmigrantes que constituyan una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública, lo cual representa un giro de 180 grados en la política establecida durante el mandato de Donald Trump.
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Para los más de 41 mil cubanos con órdenes finales de deportación pudiera representar un alivio momentáneo, pero no así para quienes intenten ingresar ilegalmente al país.
La guía, publicada este jueves en el sitio oficial de ICE, tiene como objetivo ayudar a la agencia a asignar sus recursos limitados a los casos que más le preocupan al público.
"Como todas las agencias de aplicación de la ley a nivel local, estatal y federal, debemos priorizar nuestros esfuerzos para lograr el mayor impacto de seguridad y protección", dijo Tae Johnson, director interino de ICE, en un comunicado.
La nueva orientación para los agentes de ICE es parte del trabajo del presidente Biden por revertir la dura política migratoria que implantó Donald Trump durante su mandato.
Las nuevas pautas también han generado resistencia desde dentro de la agencia, pues algunos consideran que impedirán a los agentes y oficiales de ICE hacer su trabajo, que consiste en detener y deportar a las personas que viven en el país ilegalmente.
La estrategia forma parte de las transformaciones emprendidas por el nuevo director de DHS, el abogado cubanoamericano Alejandro Mayorkas, encargado de borrar las trazas de su predecesor en la agencia.
Thomas Homan, director interino de ICE durante el mandato de Trump, pensaba que el juramento que hicieron los hombres y mujeres de ICE era para hacer cumplir las leyes de inmigración, y que era lamentable que "muchos criminales estuvieran caminando por las calles de Estados Unidos".
Las disposiciones dadas a conocer por el DHS cambian de perspectiva, pero no resultan ajenas a mantener controles y decisiones fundamentales, por lo que algunos expertos consideran que son aún insuficientes para fijar un cambio de política.
Inc;luso defensores de los derechos de los migrantes acogieron la nueva guía como un intento tibio de la administración Biden por cambiar la política migratoria Trump, lo que perjudicaría a un grupo específico de migrantes.
Naureen Shah, asesora principal de defensa y política de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), dijo que la guía conduciría a "deportaciones continuas y desproporcionadas de inmigrantes negros y marrones, incluidos musulmanes".
La guía entiende que una persona es una amenaza para la seguridad pública cuando ha sido condenado por un delito mayor con agravantes, como asesinato o violación, o por participar activamente en una pandilla criminal.
Las personas que se han involucrado o son sospechosas de terrorismo o espionaje serán consideradas una amenaza para la seguridad nacional.
Los oficiales de campo también deberán tener la aprobación previa de los supervisores antes de realizar arrestos de no ciudadanos condenados por delitos menores relacionados con drogas, delitos de inmigración y conducción bajo los efectos del alcohol.
La guía permanecerá vigente hasta que el secretario de Seguridad Nacional, el cubanoamericano Alejandro Mayorkas, emita nuevas pautas, en aproximadamente 90 días.
Este jueves, los demócratas del Congreso dieron a conocer un proyecto de ley de inmigración, un plan que el presidente Biden había propuesto en su primer día en el cargo.
El proyecto, que enfrenta grandes obstáculos en un Congreso dividido, incluye un camino para que cerca de 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos puedan alcanzar un estatus legal en un periodo de 8 años, y un proceso acelerado para los inmigrantes jóvenes conocidos como "Dreamers", llevados al país ilegalmente cuando eran niños.
El senador cubanoamericano Bob Menendez fue el encargado de entregar el proyecto de ley, denominado "U.S. Citizenship Act of 2021".
"Nuestro sistema actual es ineficiente y está lleno de crueldad. Tenemos a 11 millones de personas trabajando y sosteniendo familias sin documentos legales. Se trata de gente buena, trabajadora, y aún así viven bajo el miedo constante de la deportación. Es hora de sacarlos de las sombras", subrayó Menendez.
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