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Las autoridades de La Habana aplicaron la última semana más de 250 multas por valor de entre 5.000 y 8.000 pesos a entidades de comercio del sector estatal y privado que incumplieron la política de los precios topados, según datos oficiales.
Más de 200 sanciones fueron impuestas en mercados agropecuarios, además de otras 50 correspondientes a panaderías estatales, los cuales violaron las tarifas fijadas por el gobierno para la venta de productos y cometieron transgresiones en el pesaje.
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Orestes Llanes Mestre, jefe del subgrupo de Fiscalización, Control e Higiene del Consejo de Defensa Provincial, dijo a la Agencia Cubana de Noticias, que los grupos de enfrentamiento del gobierno, tanto del nivel provincial como municipal, han aumentado la imposición de sanciones ante las desobediencias de "personas inescrupulosas".
Llanes Mestre detalló que se han multado con 5.000 pesos a los responsables de ocultar información de los precios en las tablillas de los comercios y de establecimientos donde se brindan servicios.
En cuanto a la detección de irregularidades en el pesaje de los productos, fundamentalmente en los mercados agropecuarios, así como de personas que ejercen una actividad económica de manera ilegal, las multas fueron de 8.000 pesos.
"El pasado martes, en el municipio de 10 de Octubre, unos vendedores ambulantes huyeron cuando se les acercó el grupo de enfrentamiento y dejaron las carretillas, los panes, los quesos cremas y las mantequillas que comercializaban, porque sabían que ejercían su labor de manera ilegal", relató.
Según el dirigente, en esa ocasión se decomisaron todos los alimentos, los cuales se entregaron a centros de alimento animal, porque no se podía certificar su calidad.
El funcionario también se refirió a las ilegalidades cometidas en las panaderías, pues muchas veces se ha comprobado que el pan que comercializan vendedores en la calle procede de entidades estatales, y por ello se han separado de sus puestos de trabajo a maestros panaderos y administradores.
Estas sanciones están amparadas en el Decreto 30 del Consejo de Ministros, recientemente aprobado, que establece cuantías de entre 5.000 y 15.000 pesos por violaciones de tarifas y precios.
Esta norma jurídica está dirigida a frenar los precios abusivos y especulativos en el comercio minorista y mayorista, entendiendo como precios abusivos "aquellos cuyo crecimiento esté por encima de un rango razonable, en comparación con productos similares", y especulativos, los que son más altos que los fijados por la ley.
Además de las multas, los infractores pueden sufrir el decomiso y la venta forzosa de sus mercancías.
Esta semana una barbería privada de La Habana fue multada con 8.000 pesos por no respetar el precio del pelado establecido por el gobierno.
La barbería Los Amigos, ubicada en la esquina de 17 y H, en El Vedado, cobraba el corte de pelo a 50 pesos en lugar de a 25 pesos.
Paralelo a estas medidas coercitivas, el régimen ha incrementado desproporcionadamente las tarifas de servicios básicos como la electricidad, el agua y el gas, lo cual ha provocado descontento y preocupación en la ciudadanía.
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