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Cuba se encuentra entre la "selecta" lista de países que han usado el coronavirus como excusa para restringir la libertad de expresión, asegura un informe publicado este jueves por Human Rights Watch, una organización no gubernamental de defensa de los Derechos Humanos, con sede en Nueva York.
Señalando casos de censura, arrestos arbitrarios y agresión física, el informe encontró que al menos 83 gobiernos de todo el mundo han utilizado la pandemia para justificar la represión contra los disidentes o la prevención de reuniones pacíficas.
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El informe precisa que, en al menos 18 países, las fuerzas militares o policiales agredieron a periodistas, blogueros o críticos de la respuesta del gobierno a la pandemia, y que en al menos otros 10 países, los funcionarios utilizaron la necesidad del llamado "distanciamiento social" para prevenir o disolver protestas, incluso mientras permitían que otros grandes reuniones.
El análisis expone el doble sesgo de las restricciones sanitarias provocadas por la pandemia: algunas de las mismas herramientas que los funcionarios han utilizado para salvar vidas y ralentizar la propagación del COVID-19, como restringir grandes reuniones, contrarrestar la información errónea o decretar encierros, también pueden ser utilizadas por los gobiernos autoritarios como pretexto para vigilar a los ciudadanos o sofocar la disidencia.
China, Cuba, India, Egipto y Rusia se encuentran entre los países donde las restricciones a la libertad de expresión se han dejado sentir más ampliamente, según Human Rights Watch.
“La obligación de los gobiernos de proteger al público de esta pandemia mortal no es una carta blanca para controlar la información y reprimir la disidencia”, dijo Gerry Simpson, director asociado de crisis y conflictos de la organización, en un comunicado de prensa.
El informe se basó en investigaciones de la organización, así como en datos e informes de otras organizaciones no gubernamentales, incluidas las Naciones Unidas.
Entre los ejemplos cubanos, se incluyen las violaciones de derechos cometidas por las autoridades cubanas en junio del 2020 contra personas que organizaban una protesta contra la violencia policial en La Habana.
Muchos cubanos planeaban reunirse en La Habana y otras partes de Cuba el pasado 30 de junio para protestar por el asesinato de Hansel Ernesto Hernández Galiano, de 27 años, el 24 de junio en La Habana. Antes de la protesta planeada, las autoridades cubanas acosaron y detuvieron a decenas de personas y acusaron a algunas del delito de "propagar una epidemia". Algunos disidentes informaron que sus datos de teléfonos celulares y su servicio telefónico fueron interrumpidos. La protesta fue efectivamente reprimida y no se llevó a cabo.
La organización también incluye la represión contra activistas del Movimiento San Isidro en su lista de eventos que demuestran el uso de las restricciones por el COVID-19 como pretexto pare realizar arrestos arbitrarios, procesamientos abusivos y detenciones en celdas insalubres y superpobladas que propician la propagación de la epidemia.
“Las autoridades cubanas están utilizando las reglas contra el COVID-19 para expandir sus herramientas represivas contra los disidentes”, dijo entonces José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Esto es parte de un patrón más amplio en el que las autoridades cubanas usan cualquier excusa para reprimir sistemáticamente la disidencia”.
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