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La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó este lunes demandas que acusaban a Donald Trump de enriquecerse indebidamente durante su mandato, bajo el argumento de que el asunto ahora es irrelevante porque ya no es presidente.
Los casos habían sido presentados por el estado de Maryland, por el distrito de Columbia y por varios hoteles y restaurantes de la zona de Nueva York y Washington DC que se encontraban, según alegaban, "en la infortunada posición de tener que competir con negocios que son propiedad del presidente de Estados Unidos”.
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Las demandas exigían la publicación de registros que mostraran el dinero invertido por los gobiernos extranjeros y también locales para que sus funcionarios hicieran uso de hoteles y restaurantes que eran propiedad de Trump.
La Sección novena del Artículo I de la Constitución de Estados Unidos estipula que los presidentes y otros funcionarios no pueden beneficiarse de su cargo, es decir, no pueden “aceptar ningún regalo, emolumento, cargo o título, de cualquier tipo, de ningún rey, príncipe o Estado extranjero”.
El grupo Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW, por sus siglas en inglés) demandó a Trump en nombre de los trabajadores de la hostelería que consideraron que los funcionarios nacionales y extranjeros patrocinaban las empresas de Trump para ganarse la simpatía del presidente, con el fin de impactar en sus negocios.
De igual forma, el estado de Maryland y el distrito de Columbia demandaron a Trump alegando que su participación continua en el Trump International Hotel, en Washington DC, violaba la Cláusula de Emolumentos.
El máximo tribunal ordenó descartar los fallos de instancias menores que habían permitido proceder con las demandas que acusaban a Trump de violar la cláusula sobre emolumentos de la Constitución.
"La Corte Suprema puso fin a los casos de emolumentos porque cesaron las violaciones, pero la evidencia de la corrupción de Trump no va a ninguna parte", se quejó CREW en Twitter.
Trump fue duramente criticado por presuntamente usar su oficina para su propio beneficio financiero durante su presidencia, así como de realizar numerosos viajes a sus propias propiedades a expensas de los contribuyentes y atraer a políticos nacionales y extranjeros a su hotel en Washington.
El diario The Washington Post estima que Trump facturó al gobierno federal al menos 2.500 millones de dólares por estadías en sus propiedades mientras estuvo en el cargo presidencial, en tanto la agencia ProPublica calcula que las campañas y comités políticos gastaron un total combinado de 21.800 millones de dólares en las propiedades de Trump en los ciclos electorales de 2016, 2018 y 2020.
Persisten otros casos contra el exmandatario en la Corte Suprema y en instancias inferiores, entre ellos el de la fiscalía de Manhattan, que lo quiere obligar a entregar sus declaraciones de impuestos.
La Corte Suprema debe decidir también sobre la apelación de Trump que le prohibía bloquear mensajes críticos en su cuenta de Twitter. Al igual que en el caso de los emolumentos, esa apelación seguramente será considerada irrelevante ahora que Trump no está en la presidencia y que además ha sido suspendido con carácter permanente en Twitter.
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