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La terrible naturaleza del régimen comunista en Cuba es bien conocida. Por décadas la dictadura ha aterrorizado a su propia gente, asesinado a opositores, encarcelando tanto a activistas como a artistas, y fomentado el caos en el hemisferio occidental al brindarles apoyo a regímenes autoritarios y a movimientos terroristas de guerrilla. La pregunta clave a la que se enfrenta cualquier administración de Estados Unidos es cómo responder a un régimen tan brutal.
Durante su mandato, el presidente Donald Trump y su administración impulsaron políticas que apoyaron al pueblo cubano al responsabilizar al régimen de Castro y Díaz-Canel por décadas de represión. Esa política marcó un cambio muy necesario con respecto a la política débil de la era Obama, la cual el presidente Joe Biden y muchos de sus asesores más cercanos supervisaron, apoyaron y aplaudieron.
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Ahora, el presidente Biden debe decidir si continuará con la política de la era Trump y ponerse del lado del pueblo cubano o otorgarle al régimen de La Habana legitimidad internacional a sus expensas.
Los primeros anuncios del personal de Biden sugieren que le dará prioridad a la política de apaciguamiento del régimen, y de eso obtendremos indicios muy temprano en la nueva administración.
Biden enfrentará una intensa presión por parte de los simpatizantes del régimen, quienes abogarán por que se use la próxima Cumbre de las Américas, a finales de 2021, para señalizar un reinicio en las relaciones con La Habana mediante una invitación al régimen cubano a EE.UU. para ese evento hemisférico. Bajo ninguna circunstancia se le debe otorgar al régimen de Castro y Díaz-Canel una victoria de relaciones públicas tan grande.
Y más allá de la percepción, esa invitación no sería un asunto menor ni en la isla ni en nuestro hemisferio. Hay una realidad muy práctica: la reapertura de los canales diplomáticos con la dictadura conducirá inevitablemente a que la administración Biden elimine las restricciones dirigidas a individuos que se sabe han cometido delitos graves como miembros de la familia Castro y sus secuaces.
Habrá otras decisiones en el camino, y parece que Biden y su equipo priorizarán una política ingenua hacia un "acercamiento" que premie a la dictadura de Castro y Díaz-Canel por sus crecientes actos de represión.
El "acercamiento" de Biden significaría cambiar la actual política económica pidiéndole al Congreso de Estados Unidos que ponga fin al embargo y abra las relaciones comerciales con la dictadura. Eso sería mediado a través de la organización títere del ejército cubano, el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), un conglomerado actualmente en la lista de entidades restringidas por parte del Departamento de Estado. Ese conglomerado, controla casi el 60 por ciento de la economía en la isla. GAESA es usado para reprimir al pueblo cubano al gestionar y, por ende, limitar, el acceso al comercio en la isla. También es una empresa abiertamente corrupta, dirigida por un General de Brigada de las Fuerzas Armadas cubanas y miembro de la familia del dictador Raúl Castro. Normalizar las relaciones con La Habana significaría inyectar más dinero directamente en las arcas de GAESA.
Para el equipo de Biden, el "acercamiento" también requerirá minimizar constantemente la amenaza a la seguridad nacional que representa La Habana. Las alianzas del régimen cubano con los principales líderes autoritarios del mundo y los peores violadores de Derechos Humanos: Xi en China, Putin en Rusia, los Mullahs en Irán, Kim en Corea del Norte, los Ortega en Nicaragua y Maduro en Venezuela, hablan por sí mismos.
Esos vínculos también representan una amenaza directa a nuestra seguridad nacional debido a los acuerdos de armas y la proximidad geográfica de Cuba a Estados Unidos, la cual es usada para recopilar inteligencia.
El "acercamiento" con La Habana también representaría el hacerse de la vista gorda mientras Cuba continúa apoyando al narcorrégimen ilegítimo de Maduro en Venezuela, prolongando la agonía del pueblo venezolano y exacerbando la mayor crisis humanitaria y migratoria en nuestra región, lo que también significa agotar las capacidades de nuestros aliados.
La dictadura cubana ha apoyado, en repetidas ocasiones, y les ha brindado refugio a Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) designadas por el Departamento de Estado. Esto incluye a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN), que el año pasado cometió un atentado suicida contra la Academia Nacional de Policía en Bogotá, Colombia. Ese apoyo flagrante de La Habana a organizaciones terroristas resultó en que la administración Trump volviese a nombrar formalmente a Cuba como un estado patrocinador del terrorismo. Una designación que el presidente Biden no debería cambiar bajo ninguna circunstancia.
No hay ninguna razón para engañarnos creyendo que el "acercamiento" con La Habana hará que cambien sus costumbres. Tampoco hay razón para pensar que el régimen abandonará repentinamente su largo historial de represión a los opositores políticos y miembros de la prensa independiente, ni cambiará su esquema de trata de personas y la violación a los derechos humanos dentro de la isla.
También podemos anticipar que la administración Biden intentará integrar a la dictadura en la comunidad latinoamericana a través de esfuerzos como la cooperación policial. Consideremos por un segundo lo bien que le ha ido a Caracas con ese tema: hoy Maduro está tan aislado del pueblo venezolano que ha tenido que apelar a un esquema de seguridad cubano. Del mismo modo, la nueva administración podría estar pensando en crear más espacios para la cooperación en cuestiones de salud pública. Pero las llamadas misiones médicas al extranjero por parte del régimen cubano son reconocidas como un esquema de trata de personas que explota laboralmente a los profesionales médicos cubanos a través de trabajo forzoso para ganarle espacio a la propaganda del régimen.
Al ignorar el historial del régimen, grupos de política exterior que impulsan el "acercamiento" también están peligrosamente fuera de sintonía sobre las condiciones reales del terreno.
El régimen de Castro y Díaz-Canel está involucrado en una brutal represión contra el Movimiento San Isidro (MSI), un grupo de artistas, académicos y activistas que participan en protestas pacíficas contra el régimen.
Y, por supuesto, queda claro que no se puede garantizar la seguridad de nuestros diplomáticos en la isla. En violación de las obligaciones de los tratados internacionales, ellos fueron blanco de ataques directos con energía de microondas y sufrieron lesiones cerebrales. Las negaciones de La Habana desafían toda credibilidad.
El cambio señalado por el presidente Biden para "acercarse" a Cuba significará recompensar a un régimen autoritario que continúa encarcelando, castigando, censurando y asesinando a disidentes y periodistas. En cambio, la administración Biden debería dejar de ignorar las voces de quienes conocen el régimen de primera mano -cubanoamericanos en nuestro país y en el exterior- y entienden que el régimen de La Habana no puede ser recompensado por sus atrocidades.
El presidente Biden y su equipo deben tomar una postura. Durante su audiencia de confirmación, el nominado Secretario de Estado, Tony Blinken, sugirió que consultaría frecuentemente con el Senado de Estados Unidos sobre estos temas. Espero sinceramente que cumpla esa promesa. Porque en la actualidad, parece que la administración Biden terminará en el lado equivocado de la Historia y el pueblo cubano sufrirá aún más como resultado de ese error histórico.
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