¿Qué está pasando con los precios en Cuba?

El régimen castrista está obsesionado con la evolución reciente de los precios. Son conscientes de que han fracasado en el intento de poner bajo control los precios, tras la unificación de las dos monedas y la devaluación del tipo de cambio del peso en Cuba, pero no lo quieren reconocer.

El modelo social comunista cubano ha fracasado con su ministerio, su rampante burocracia y todo el armazón intervencionista disponible, en algo tan simple como fijar los precios. La razón es muy simple, los precios pertenecen al ámbito de la libertad del mercado, del juego libre de oferta y demanda. Y en Cuba nada de eso existe ni se han fomentado las estructuras para ello.

Y lo que es peor, en el régimen, la maquinaria represora comunista, está buscando a quién culpar de lo que está ocurriendo con los precios, como consecuencia de los defectos técnicos de la Tarea ordenamiento, que son numerosos e inconcebibles, y sobre todo, el momento elegido para la aplicación de las medidas, con la economía colapsada, decreciendo un 11% su PIB.

En estos primeros quince días del año, los aumentos de precios se han extendido con notable rapidez en el conjunto de bienes y servicios de la economía y no han sido el resultado de la transformación directa de los mismos de una moneda (la extinta) a otra, la que finalmente queda de curso legal. Por el contrario, han subido los precios de todos los productos y servicios, muy por encima de lo previsto por el régimen, tanto los que se distribuyen a través de los canales privados, como los que pertenecen al conjunto de bienes y servicios del estado, como la luz, el gas, el agua o los hogares de ancianos, entre otros.

Frente a estos aumentos de precios que tienen orígenes muy diversos, entre los que cabe citar el descontrol monetario y fiscal, la limitación de la oferta productiva en todos los sectores, los aumentos de salarios del sector presupuestado a mediados de 2019, la eliminación de subsidios y gratuidades, o los nuevos salarios y pensiones de la Tarea ordenamiento entre otros; el gobierno ha recurrido a sus dos instrumentos clásicos: los precios topados y la represión vía inspección, a la que se han unido los peligrosos reclamos a la población para que se produzcan delaciones de supuestos fraudes.

La práctica de los precios topados ha vaciado los mercados de sopetón, e incluso las tiendas en moneda libremente convertible acusan carencias porque topar precios no provoca otra cosa que escasez y miseria. El problema es que, lograr un cierto reequilibrio de la oferta después de un período de precios topados, lleva tiempo, y si no que le pregunten a los cubanos cuántos meses estuvieron en 2020 sin jabón ni detergente.

La principal novedad de la actual coyuntura ha sido la dureza de la represión con la que el régimen ha cargado contra quienes incrementan los precios, y en ese ataque despiadado utilizando toda la propaganda oficial, el régimen se ha encontrado numerosos bienes y servicios estatales con precios elevados. Y ha tenido que corregir rápido los excesos.

Porque realmente esto es lo que está ocurriendo en Cuba. Que un vendedor aumente el precio de su producto no es un delito, salvo situaciones excepcionales. Lo normal es que el vendedor, la oferta, trate de incrementar los precios para ganar más, pero con ese comportamiento no irá muy lejos si la demanda que, dispone de libertad de elección, no acepta los precios altos y con su comportamiento (no comprar) le obliga a rebajar los precios. Este mecanismo sencillo funciona razonablemente bien allí donde hay libre elección (en Cuba, no existe) y donde el régimen político no interviene en los mercados (en Cuba, precisamente sí).

Lanzar toda la artillería de la propaganda oficial contra los vendedores que aumentan los precios, es un auténtico despropósito. Incrementar precios no es un delito, si se tiene en cuenta que los aumentos de precios se están produciendo de forma generalizada, como ocurre en los procesos inflacionistas clásicos. La contundencia con la que se están empleando las autoridades choca con épocas anteriores. La novedad que se observa esta vez es que cuando un inspector de la policía confisca la mercancía de un carretillero, y se apropia de la misma, la gente no permanece impasible, y se incrementan las protestas.

Ya no ha sido una sola vez. Los incidentes se producen de forma continua, y cada vez registran protestas de mayor envergadura. El régimen castrista teme a la inflación porque sabe que detrás de la misma puede aparecer un estallido social que obligue al gobierno a realizar cambios en el modelo económico y social. Pero conviene tener presente que la represión política de la inflación es lo mismo que poner puertas al campo. No sirve.

Puede resultar conveniente en un determinado momento y para situaciones puntuales muy concretas, pero no corrige el origen del problema. La acción de muchos cuentapropistas contra las inspecciones y la represión del régimen raya en el ámbito de la rebelión cívica y la protesta social organizada, como esos carretilleros que realizan sus ventas a los clientes por las noches para salvar los controles policiales y dar servicio a los compradores. Los acontecimientos pueden ir a peor, si el régimen mantiene la política de represión y de no aceptar la presunción de inocencia de los infractores.

La solución está al alcance de la mano de los dirigentes y no pasa por más estado, intervención y control sino que está en el ámbito de las libertades públicas. Los cubanos lo saben, y cuando protesten contra las confiscaciones de alimentos a los carretilleros, van a pedir libertad. Es solo cuestión de tiempo.