Un informe oficial de los servicios secretos de Colombia llegó a manos de las máximas autoridades del país, generando preocupación sobre unos presuntos planes del gobierno cubano para interferir en las elecciones presidenciales colombianas de 2022.
En un contexto marcado por la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo elaborada por el Departamento de Estado estadounidense y por la negativa de Cuba a extraditar hacia Colombia a efectivos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la aparición de este informe parece destinado a desatar “una tormenta política y diplomática”, según publica el diario colombiano Semana.
En un artículo publicado por este medio, que sostiene haber tenido acceso al dossier secreto, se habla del malestar de ciertas autoridades colombianas ante lo que revela el documento, a saber, ciertas “actividades inusuales y sospechosas de algunos de los diplomáticos cubanos apostados en el territorio nacional” detectadas por los servicios de inteligencia del país andino.
Al parecer, el informe habría llegado a la Casa de Nariño (sede del gobierno colombiano), advirtiendo de planes cubanos para interferir en las próximas elecciones y desestabilizar al país, algo que el documento considera podría poner en riesgo la seguridad nacional.
Bajo el título ‘Estrategia de injerencia cubana en asuntos de independencia y soberanía de Colombia’, el dossier revela los supuestos planes del régimen cubano para interferir en el curso político colombiano, teniendo como pilares de su estrategia a funcionarios diplomáticos cubanos en el país, así como otras personas vinculadas al Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba (MCSC), vinculados a instituciones de la inteligencia cubana y al ELN.
“Cuba ejecuta una estrategia de injerencia en Colombia a través de la orientación de cubanos con cobertura diplomática en organizaciones sociales solidarias, la infiltración de programas de cooperación con autoridades locales y su financiación por medio del ELN”, se lee textualmente en el informe.
Entre los señalados se encuentra el embajador de Cuba en Colombia, José Luis Ponce Caraballo, quien presentó credenciales ante el Gobierno de Juan Manuel Santos en pleno proceso de paz con las FARC y de quien se asegura que “habría sido expulsado de Estados Unidos por espionaje el 19 de agosto de 1996”. Según Semana, las autoridades colombianas habrían encontrado indicios del interés y simpatía del régimen cubano hacia un aspirante a la presidencia de Colombia.
El informe, según este diario, arrojaría datos precisos de actividades de inteligencia de los servicios secretos de Cuba camufladas tras la actividad legal del MCSC, vinculado con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), que dirige Fernando González Llort, uno de los espías de la red Avispa.
“El Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba es ‘usado’ por cubanos para desarrollar actividades de cabildeo. Ejemplo: la firma de acuerdos de cooperación con autoridades locales colombianas, labores de diseminación de campañas mediáticas a favor de la isla y apoyo social a manifestaciones en contra de la estabilidad nacional”, señala el escrito al que tuvo acceso Semana y que atribuye su autoría a “agencias del Estado”.
Conformado por una veintena de casas de solidaridad en todo el territorio nacional, el MCSC tendría presuntos vínculos con el Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN y recibiría financiación de ese grupo terrorista, enmascarada “a través de actividades como rifas y eventos”
Los vínculos del gobierno cubano con el ELN han tensado la relación con el gobierno colombiano de Iván Duque, sobre todo a raíz del atentado terrorista perpetrado en 2019 contra la Escuela de Cadetes General Santander, en Bogotá, en el que perdieron la vida 22 personas. Tras el atentado, se produjo el rompimiento de los diálogos de paz entre gobierno y guerrilla y la negativa de La Habana a extraditar a la cúpula del ELN que se encontraba en la isla.
Mientras que la extradición de los responsables es una prioridad para Colombia, Cuba esgrime los protocolos que firmó como garante de la negociación entre la guerrilla y el gobierno colombiano, en los cuales se contempla que, en caso de ruptura del diálogo, los guerrilleros podrían volver al país, contando con 72 horas para refugiarse sin ser capturados por las autoridades.
La llegada de médicos, profesores y entrenadores cubanos contratados por entidades locales a través del cabildeo ejercido por el MCSC, preocupa a los autores del informe. “Esta estrategia implicaría la consolidación de redes de apoyo a sus intereses, presionar decisiones gubernamentales, cooptar adeptos a la revolución y generar desestabilización del sistema e instituciones democráticas”, advierte el informe.
Por su parte, el gobierno colombiano se resiste a creer que, de ser ciertas, estos movimientos de Cuba sean parte de una acción solitaria. Según el diario colombiano, la inteligencia colombiana sospecha de una agenda común que Cuba compartiría con Rusia y Venezuela con la que buscarían perjudicar al país y su sistema democrático a través de “actividades de injerencia, espionaje e inteligencia”
Independientemente de la solidez de las hipótesis de las agencias colombianas, según Semana lo que sí es un hecho es que, de mostrarse dispuestos a volver a la mesa de negociaciones con nel ELN, el gobierno de Duque no lo haría en Cuba.
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