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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, y la empresa tecnológica BitGo, de Palo Alto, California, han llegado a un acuerdo prejudicial por el que la empresa accede a pagar 98.830 dólares por su responsabilidad civil en la comisión de 183 presuntas violaciones de programas de sanciones del Gobierno de Estados Unidos.
La compañía ofreció el servicio de monederos digitales a personas ubicadas en Cuba, Irán, Sudán, Siria y la península de Crimea, usurpada a Ucrania por la Rusia de Vladimir Putin. Las facilidades brindadas permitieron a estas personas saltarse el régimen de sanciones articulado por Washington contra los países mencionados.
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Un comunicado de la OFAC señala que BitGo “tenía razones para conocer que esos usuarios estaban localizados en jurisdicciones sancionadas”, toda vez que tenía los datos de las direcciones IP de sus dispositivos. “Sin embargo, al momento de las transacciones, BitGo fracasó en implementar los controles diseñados para evitar que tales usuarios accedieran a sus servicios”.
Según la oficina, hasta la primavera de 2018 la empresa californiana, que contaba con la capacidad de identificar la localización de los usuarios, los autorizaba simplemente con que aportaran solo su nombre y una dirección de correo electrónico.
Desde ese momento, introdujo cambios en el procedimiento para verificar el origen de los propietarios de cuentas, si bien en términos generales continuó confiando en los datos de localización aportados por estos, sin hacer una verificación adicional. Fue solo con posterioridad, en enero de 2020, que BitGo implementó la normativa de sanciones de la OFAC y procedió a aplicar medidas correctivas en el sentido deseado por el Gobierno de Estados Unidos.
Entre estas últimas, se encuentra la designación de un encargado de hacer cumplir el régimen sancionador, el monitoreo de todas las cuentas para determinar si están incluidas en la lista de personas bloqueadas por la OFAC, y la revisión periódica de las actualizaciones realizadas por dicha entidad. Además, a los empleados de BitGo se les exigirá demostrar que han revisado y entendido la política de la OFAC en este sentido.
Según el portal digital CoinTelegraph, el acuerdo alcanzado con la oficina gubernamental ha librado a la empresa californiana de tener que pagar entre 183.000 y 53 millones de dólares, cifras que hubiera debido erogar si el caso hubiera llegado a juicio y hubiera sido hallada culpable.
“Los reguladores estadounidenses –añade el sitio– están aumentando sus expectativas de que las empresas que manejan monedas virtuales conozcan a los clientes del otro lado. Justo antes de Navidad, el Tesoro de los Estados Unidos propuso leyes que exigen que las instituciones financieras registradas conozcan la identidad de los usuarios de las billeteras de autocustodia con las que están operando”.
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