Una audiencia el miércoles para un caso electoral fue un reflejo en miniatura del desafío que enfrenta la campaña de Trump mientras se prepara para lo que podría convertirse en un ataque jurídico total contra los resultados de las elecciones presidenciales en estados decisivos.
Es bastante fácil presentar una demanda por irregularidades -en este caso, se alega que Pennsylvania infringió la ley al permitir que los votantes con boletas por correo defectuosas las corrigieran—, pero es mucho más difícil presentar pruebas de irregularidades o un argumento legal convincente. "No entiendo cómo se vio afectada la integridad de las elecciones", dijo repetidas veces el Juez de Distrito de EE. UU. Timothy Savage durante la audiencia. (Cualquiera que sea el dictamen del juez, es improbable que el caso tenga un efecto significativo, ya que, de acuerdo con un funcionario electoral del condado, únicamente se están cuestionando 93 boletas).
"Una demanda sin hechos comprobables que demuestren una infracción reglamentaria o constitucional, es solo un tweet con tarifa de tramitación”, comentó Justin Levitt, profesor de la Escuela de Derecho Loyola en Los Ángeles.
Levitt señaló que, generalmente, los jueces han ignorado el bullicio de la contienda y las bravatas en Twitter del presidente Donald Trump. "En realidad, han exigido hechos y no se han pronunciado sobre las demandas apasionadas de fraude o supresión de votantes", dijo Levitt. "No han confundido las relaciones públicas con las bases de los litigios, y espero que eso siga sucediendo".
Si Levitt tiene razón, puede ser un mal augurio para las impugnaciones legales de la elección presidencial. El número de casos está comenzando a aumentar rápidamente, pero las demandas legales no servirán de mucho a menos que, como en las elecciones presidenciales de 2000, la contienda termine siendo tan reñida que el resultado dependa de un margen de votos muy estrecho en uno o más de los estados imprescindibles para la victoria de un candidato.
Una de las pocas certezas es que no veremos una repetición inmediata del caso de Bush vs Gore que Trump parece tener en mente. Horas después de terminar la votación, en un discurso a las 2 a. m. que provocó la condena bipartidista cuando declaró prematuramente que había ganado las elecciones, Trump describió infundadamente el conteo de votos en marcha como "un fraude al público estadounidense". “Iremos a la Corte Suprema de EE. UU”, dijo a sus partidarios. "Queremos que se detenga toda la votación”.
Trump es famoso por ser pleitista, pero no es abogado ni parece entender que, aparte de una pequeña clase de casos (disputas territoriales entre estados, mayormente), las demandas no se originan en la Corte Suprema. La campaña de Trump tendría que presentar una demanda con un tribunal estatal o federal y, eventualmente, apelar un fallo adverso ante el tribunal superior. En el camino, como lo sugiere la anécdota del tribunal de Pennsylvania, la campaña tendría que presentar evidencia para respaldar su querella y, hasta el momento, no existe evidencia de fraude en los conteos en marcha, los cuales a menudo continúan más allá de la noche de las elecciones. El recuento de votos legítimos no es fraude, a pesar de lo que el presidente afirma en Twitter.
Cuando haya un panorama más claro del resultado de la elección presidencial en estados clave como Pennsylvania, cualquiera de los dos partidos podrá presentar litigios en los tribunales del estado para impugnar la legalidad de ciertas boletas o pedir un recuento, proceso descrito en la Guía de ProPublica sobre las leyes electorales y las demandas relacionadas con las elecciones. El miércoles, durante una llamada en conferencia, varios funcionarios de la campaña de Trump informaron a sus partidarios que creían haber entrado en el “territorio de un recuento” en Wisconsin y Michigan, según un reportaje de The Washington Post. Ese mismo día, en una declaración para The New York Times, Bill Stepien, director de la campaña de Trump, indicó que planeaban pedir un recuento en Wisconsin “inmediatamente”.
El miércoles por la tarde, dicha campaña presentó una demanda ante un tribunal del estado de Michigan, solicitando que se ordenara que los funcionarios electorales dejaran de abrir las boletas enviadas por correo y de tabular votos hasta que se concediera a los funcionarios de la campaña un “acceso significativo” para observar el proceso. La declaración que emitió la campaña acerca de la demanda no explicó la forma en que los funcionarios electorales les limitaron el acceso, ni tampoco la razón por la que la campaña cree que esas restricciones violan las leyes del estado. La campaña también exigió "revisar las boletas que se abrieron y contaron cuando no tuvimos acceso significativo", un posible preludio de una búsqueda de tecnicismos que podrían permitir que el equipo de Trump impugne las boletas emitidas a favor de los demócratas. La campaña presentó una petición similar el mismo miércoles en un tribunal del estado de Pennsylvania.
Otras demandas similares que presentaron los republicanos en Nevada y otros lugares no han tenido mucho éxito. En estas, la campaña básicamente pidió un acceso ilimitado a los centros de escrutinio de votos. Un juez que descartó una demanda similar en Nevada observó que los funcionarios de la campaña de Trump "parecían estar solicitando un acceso ilimitado a todas las zonas del área de conteo de votos y observación de toda la información relacionada con el proceso de tabulación". Eso iba más allá de lo que exige la ley estatal, escribió, y otorgar la petición retrasaría el conteo de votos e impediría los protocolos de distanciamiento social. Por lo general, los códigos electorales de los estados permiten que los funcionarios de las campañas observen el escrutinio de los votos, pero no sin restricciones razonables.
Los funcionarios de la campaña de Trump también anunciaron que su equipo jurídico había impugnado, o impugnará, las boletas de Carolina del Norte y Georgia, estados rojos tradicionales que suelen votar por el Partido Republicano y que siguen demasiado reñidos como para declarar un vencedor.
No es probable que las solicitudes de recuento o las impugnaciones de votos, comunes tras unas elecciones reñidas, marquen una diferencia en el resultado. "Los recuentos raramente cambian mucho los totales de la votación", afirmó Joshua Douglas, profesor de derecho de la Universidad de Kentucky, y lo mismo ocurre con las impugnaciones en contra de la validez de las boletas. Ese hecho definitivamente no impedirá que se presenten los litigios.
En estos momentos, teniendo en cuenta que la situación cambia a cada hora, estas son las demandas activas que podrían afectar a la elección. La mayoría de ellas es lo que resta de más de 300 demandas que se presentaron antes de las elecciones en 45 estados, Puerto Rico y el Distrito de Columbia, según lo indica la base de datos administrada por el Healthy Elections Project (Proyecto de Elecciones Sanas), esfuerzo conjunto de investigadores de la Universidad de Stanford y del Instituto de Tecnología de Massachusetts.
Las elecciones se podrían determinar en Pennsylvania, estado crucial y decisivo cuyos resultados quizás se desconozcan hasta finales de esta semana; asimismo, actualmente siguen pendientes cinco demandas en contra de la administración de las elecciones por parte del estado, en tribunales tanto estatales como federales.
En septiembre, la Corte Suprema de Pennsylvania dictaminó que los funcionarios electorales del estado debían aceptar las boletas de votación por correo que llegaran hasta tres días tarde, siempre y cuando llevaran matasellos con fecha del día de las elecciones o carecieran de un matasello. Al igual que en otros estados, el objetivo fue prevenir que los retrasos del servicio postal privaran del derecho al voto a una cantidad sin precedentes de estadounidenses que planificaron votar por correo debido a la pandemia del coronavirus. Los republicanos apelaron el fallo ante la Corte Suprema de Estados Unidos, la cual declinó la semana pasada apresurar una decisión previa a las elecciones.
Antes de la elección, Trump ridiculizó la negativa de la Corte Suprema a intervenir como una "terrible decisión". “Avanzaremos esa misma noche -en cuanto terminen las elecciones- entraremos con nuestros abogados”, declaró ante los reporteros reunidos en la pista de aterrizaje el pasado domingo, justo antes de un mitin de la campaña en Hickory, Carolina del Norte.
El pronóstico del presidente fue inexacto en cuanto a la fecha, pero, el miércoles por la tarde, su campaña pidió a la Corte Suprema que se le permitiera intervenir en el litigio (el cual fue presentado por el Partido Republicano de Pennsylvania). El siguiente paso les corresponde a los jueces, que aún siguen reflexionando si deben aceptar el caso. Tres de ellos —Samuel Alito, Neil Gorsuch y Clarence Thomas— indicaron la semana pasada que la corte podría tomar el caso e invalidar las boletas tardías aún después de las elecciones y los funcionarios electorales de Pennsylvania aceptaron almacenar las boletas por separado en caso de que el tribunal superior ordene que sean descartadas. El destino de la demanda podría depender de los puntos de vista de la nueva jueza Amy Coney Barrett, quien no participó en la decisión de la semana pasada.
Como se ha señalado, los republicanos demandaron a Pennsylvania (de hecho existen dos casos, uno en un tribunal estatal y otro federal) centrándose en los esfuerzos de los funcionarios electorales del estado para alertar a los electores que presentaron boletas de votación por correo con defectos -por ejemplo, las que no incluyeran el “sobre de confidencialidad”, un requisito que los defensores de los derechos electorales temen que podría invalidar un volumen inusualmente alto de boletas- de modo que los votantes pudieran corregir el error o presentar una boleta provisional. Los funcionarios electorales han defendido sus prácticas diciendo que estas acatan las leyes estatales. Como se indicó en relación con el caso federal, el juez expresó escepticismo sobre la reclamación. El miércoles por la tarde se llevaría a cabo una reunión inicial para el segundo litigio, dirigido contra esta práctica a nivel estatal. La campaña de Trump dijo que ese mismo día presentaría una demanda ante un tribunal federal de Pennsylvania, para impugnar la decisión que dice que tomaron los funcionarios electorales de extender la fecha límite para que los votantes primerizos proporcionaran una identificación.
En Nevada, al finalizar el martes, la Corte Suprema de ese estado rechazó un esfuerzo de último minuto de los republicanos para bloquear temporalmente ciertos aspectos del procesamiento de las boletas de votación por correo en el condado de Clark, un baluarte de electores demócratas y sede de Las Vegas. Lo anterior incluye el uso de máquinas para acelerar el proceso de cotejo de las firmas de los electores y los registros del estado.
El tribunal accedió a escuchar el caso de manera expedita, y tal vez tome una decisión al respecto a principios de la semana entrante. Sin embargo, su veredicto expresó dudas acerca de las reclamaciones centrales de la demanda. Los demandantes "no han demostrado una probabilidad suficiente de éxito", escribió en el fallo el máximo tribunal del estado. El tribunal menor había determinado que sus "alegaciones carecían de apoyo probatorio, y su solicitud de reparación ante este tribunal no está respaldada por una declaración jurada o materiales de registro que apoyen muchas de las declaraciones sobre hechos contenidas en la misma". En el fallo también se observó que los demandantes tampoco habían identificado "ningún deber legal obligatorio" que los funcionarios electorales "parecían haber ignorado", y que no habían contrarrestado ciertas conclusiones clave del tribunal de distrito.
El ex vicepresidente Joe Biden tiene una ventaja considerable en Minnesota, sin embargo, si esta comenzara a estrecharse, un fallo que emitió un tribunal federal de apelaciones la semana pasada podría tener implicaciones para el resultado del voto presidencial en ese estado. Con un dictamen de 2-1 que refleja divisiones ideológicas, el tribunal ordenó que los funcionarios electorales del estado separaran las boletas tardías; también indicó que era probable que las invalidara cuando dictaminara la legalidad del periodo de espera posterior al día de las elecciones acordado por los funcionarios electorales en virtud de la gran cantidad de boletas por correo que se esperaban debido a la pandemia del coronavirus.
Texas, que se encuentra cómodamente en la columna de Trump, es el reverso de Minnesota. Sin embargo, aún sigue activo un esfuerzo de última hora de los republicanos para descartar boletas entregadas en automóvil en el condado de Harris, donde se encuentra Houston y gran parte del electorado demócrata del estado. Un juez de distrito falló en contra de los demandantes y el lunes un tribunal federal de apelaciones rehusó bloquear la votación de entrega en auto durante el día de las elecciones. Sin embargo, los republicanos no han descartado la posibilidad de solicitar una revisión por parte del tribunal de apelaciones en pleno o de llevar su caso a la Corte Suprema de Estados Unidos. (En un caso distinto, la Corte Suprema de Texas se rehusó a bloquear la votación de entrega en auto). Sin embargo, el martes, los funcionarios del condado de Harris cerraron nueve de los diez sitios de votación en auto para minimizar el riesgo de que se descartaran grandes cantidades de votos si los demandantes ganaban.
Por último, Carolina del Norte no se percibe como el lugar donde se decidirá la elección presidencial, pero una reñida contienda para el Senado en ese estado tiene implicaciones importantes para el control de esa cámara en enero. La semana pasada, la Corte Suprema se negó a bloquear temporalmente un periodo de espera para boletas tardías, aunque el caso sigue avanzando en los tribunales federales menores y podría regresar al tribunal superior. Los tres jueces que expresaron su escepticismo acerca del periodo de espera en Pennsylvania plantearon preguntas similares sobre la legalidad del de Carolina del Norte.
Este es un artículo de Ian MacDougall publicado originalmente en ProPublica, una sala de redacción sin fines de lucro que investiga abusos de poder. Traducción de Mati Vargas-Gibson, edición de Ivette Leyva.
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