El Gobierno de Cuba denegó la solicitud de extradición para un cubano que hace cuatro años está preso en una cárcel de Rusia, y que había pedido cumplir el resto de su sanción en su país natal.
Rafael Bautista de la Vega García cumple una condena de siete años en la colonia correccional de Sarátov, una ciudad rusa situada a unos 858 kilómetros de Moscú.
En septiembre de 2016 de acusado por la muerte de un compatriota suyo, quien lo estafó y le robó el dinero que le había entregado para una supuesta visa para emigrar a Estados Unidos. Fue sentenciado a siete años por el delito de asesinato.
Desde entonces su único anhelo es volver a Cuba, donde tendría que cumplir el resto de su condena, pero estaría rodeado de cubanos como él, hablando su mismo idioma, y podría ver con frecuencia a sus dos hijas adolescentes que viven en la Isla.
“Parece imposible e increíble que luego de satisfacer mi solicitud de traslado para seguir cumpliendo condena en Cuba, el Gobierno me rechazó. Mi futuro es incierto: por un lado, el Gobierno de mi país no me acepta, por otro lado, la Federación de Rusia tampoco me necesita y soy un no deseable...”, denunció de la Vega al diario digital VZSAR.
El caso de este cubano salió a la luz pública en 2019, cuando acudió a la prensa local para que lo ayudara a iniciar el trámite oficial de solicitud de extradición.
Entonces el Servicio Penitenciario Federal de Rusia preparó su expediente y lo envió al Ministerio de Justicia ruso, que a su vez lo presentó a su homólogo cubano, como establece el tratado internacional suscrito por los dos países sobre la extradición de condenados.
Sin embargo, el régimen castrista se negó a aceptarlo, alegando que tras más de dos años fuera del país ha perdido su condición de residente.
Según de la Vega, el proceso seguido en su contra estuvo plagado de irregularidades y violaciones del Código de Procedimiento Penal ruso.
Como no conoce el idioma, sin darse cuenta firmó un papel en el que renunciaba a los servicios de un intérprete y al apoyo legal del cónsul cubano. Además, los testigos que al inicio de la investigación aseguraron que no fue un homicidio premeditado, no pudieron declarar en el juicio y después fueron expulsados del país.
Tampoco tuvo una defensa adecuada. Como resultado, refiere el reo que lo condenaron por asesinato premeditado, cuando podía haber sido juzgado por un exceso de los límites de la legítima defensa, que conlleva tres años y medio de prisión.
Cuatro años después de los hechos, la salud de de la Vega empeora cada día. Padece una diabetes que lo hace depender de la insulina, es hipertenso, tiene problemas en los riñones y los pulmones, y se le ha hecho un enorme hemangioma en una pierna.
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