¿Qué falta en Cuba?

Cuba sufre la peor crisis económica de su historia luego de haber sobrevivido a tres décadas de escasez e iniciar reformas que apenas logran reactivar la producción de bienes y servicios en el mercado nacional, que soporta caídas de las importaciones y del PIB, por su dependencia al turismo y de las remesas provenientes de Estados Unidos que, sumado al colapso de Venezuela y el impacto del coronavirus, contribuyen a empeorar el desastre.

Las medidas aprobadas por el presidente Díaz-Canel, el 16 de julio, no han devuelto las expectativas de los ciudadanos y por ello no constituyen un golpe de efecto sólido que aumente la inversión de los pequeños propietarios privados y cooperativas en el comercio local.

El modelo político y económico cubano está dirigido a subordinar el papel de los privados a la empresa estatal socialista, aunque sobre el papel, se intenta transformar sustancialmente este enfoque a partir del VII Congreso del PCC, al otorgar mayor protagonismo a los emprendedores con el objetivo postergado de una alianza público-privada.

Aunque, la actual flexibilidad en la estrategia es una consecuencia de la “situación coyuntural” porque a fin de cuenta no se concibe la necesaria reestructuración de la empresa estatal, no se busca hacer frente a la falta de liquidez de los bancos, ni equilibrar la balanza de pagos o acortar los ciclos de cobros y aumentar los ciclos de pagos.

Los desequilibrios del sistema monetario-cambiario agudizados por las regulaciones a los precios de productos agropecuarios y la penetración del dólar en el mercado cubano han incrementado los precios que limitan aún más el acceso de la población a los alimentos, medicinas y otros artículos de primera necesidad.

Los mayores ingresos por exportaciones de Cuba se concentran en la venta de servicios médicos, pero es el turismo, una rama básica de la economía para muchos empresarios privados que, a pesar de las duras restricciones y trabas para la obtención de las licencias, son más competitivos, hasta conseguir superar la oferta de alojamiento del emporio empresarial militar Gaviota S.A.

Productores agropecuarios siguen a la espera del lógico encadenamiento productivo que les permita convertirse en los mayores suministradores de la industria turística, ahora prácticamente paralizada, y las empresas extranjeras que administran hoteles y resort aguardan por la oportunidad de abaratar sus costes de explotación, dejando de importar tomates y lechugas de mercados cercanos.

Los desajustes estructurales del Estado a lo largo del tiempo afectan a medio millón de personas involucradas en el sector privado que, como actor fundamental del comercio local y carente de un mercado mayorista eficaz para mejorar sus cuentas, continúa generando empleos sin el apoyo del Gobierno, que insiste en "multarlo" con impuestos y tasas en medio de una evidente parálisis y asediarlos con fuerzas policiales y delatores.

Las demandas de los emprendedores tras el impacto de la COVID-19 son: La modificación del sistema tributario, la eliminación del tope de precios a los productos, la puesta en marcha de una política de créditos bancarios y el reconocimiento de una Ley de PYMES para capitalizar las remesas familiares en inversión agrícola y disminuir las importaciones.

Pero, las tendencias de los nudos burocráticos, amparados por el poder, son reproducir el esquema de los años 70 del siglo pasado y no permiten madurar los procesos, agotan a los inversores que ven difícil la realización de los justos y urgentes cambios en un modelo prácticamente extinto.

La vitalidad de los cuentapropistas radica en la institucionalización que actualmente han alcanzado para navegar en corrientes turbulentas frente a una propaganda política que los culpa por la falta de productos, situación que ha existido desde el año 1962.

Recientemente, los ministros cubanos han dado muestra en los medios de prensa oficiales de un padecimiento, una especie de virus instalado en sus cerebros que les niega el derecho a discernir de manera coherente entre la realidad y la ficción.

Es necesario modificar la estructura productiva a pesar de la resistencia ideológica porque los emprendedores están en condiciones de sanear las finanzas del país aportando los mayores ingresos al presupuesto estatal que deberán redistribuirse hacia los sectores más vulnerables para la reconstrucción del bienestar social.