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El gobierno de Cuba anunció esta semana la puesta en vigor de un decreto ley para el uso de organismos genéticamente modificados (OGM) en la agricultura, una vía que el régimen pretende usar para aliviar la grave escasez de alimentos en isla.
Tras décadas de prácticas ineficientes en el sistema estatal de la agricultura, que han convertido a Cuba –un país otrora exportador de productos–, en uno netamente importador, las autoridades quieren ahora incorporar los transgénicos “como una alternativa para desarrollar la productividad”, según explicó Armando Rodríguez Batista, viceministro del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA).
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De acuerdo al funcionario, el uso controlado de los OGM en los programas de desarrollo agrícola es totalmente “coherente con una agricultura sostenible”.
“No estamos diciendo que es el único camino, sino que es una alternativa más, complemento de la agricultura convencional, y es muy importante su vínculo con el momento que atraviesa el país, impulsando la soberanía alimentaria sobre la base de la ciencia, la tecnología y la innovación, la producción nacional y la incorporación de la industria”, expresó.
Entre los cultivos seleccionados para aplicar estas técnicas, estarían el maíz y la soja. También podrían utilizarse en la caña de azúcar, para buscar una variedad que se adapte a las nuevas condiciones que genere el cambio climático.
“Cuba busca emplear esa tecnología con fines de desarrollo sostenible y no con las prácticas que en otros contextos han tenido un impacto ambiental (…), hacerlo con un enfoque ambientalmente sostenible”, añadió Rodríguez Batista.
La nueva disposición ha causado alarma entre los defensores de la agricultura ecológica, quienes con anterioridad han advertido de los riesgos de estas prácticas en el país.
Una de ellos es la periodista independiente Mónica Baró Sánchez, quien expresó en su muro de Facebook que el Decreto-Ley 4 de 2020, el cual regula el uso de los organismos genéticamente modificados en la agricultura, constituye “una falta de respeto mayúscula a la labor de muchísimos agroecólogos y campesinos” cubanos.
Según Baró, los productores han probado, a través de sus investigaciones y sus propios resultados de trabajo durante décadas, que en Cuba es posible “producir alimentos con eficiencia y costos mínimos” sin necesidad de recurrir a los transgénicos.
“Cuba tiene un potencial agrícola extraordinario. Los problemas de la producción de alimentos no tienen que ver con falta de capacidades sino de políticas democráticas y justas e inversiones”, subrayó.
La reportera se refirió a las enormes pérdidas de cosechas que se reportan cada año en el país, debido a “la ineficiencia de las estructuras estatales que centralizan los procesos de producción y comercialización de alimentos”.
“Si en Cuba, una isla rodeada de mar, con tierras diversas y fértiles, no tenemos suficientes alimentos, y estamos matándonos en las colas por comprar productos importados, no es debido a insuficiencias de campesinos y pescadores sino de las políticas del Gobierno. (…) ¿Por qué los campesinos no pueden importar medios de transporte para comercializar a precios justos sus productos a nivel local? Qué tiene que ver esa restricción con el bloqueo o embargo?”, cuestionó.
“Con el incentivo de los organismos genéticamente modificados la producción de alimentos seguirá centralizándose aún más en el poder del Estado. Y esto nada tiene que ver con la soberanía alimentaria, un renglón para el cual Cuba recibe millones de dólares de organismos internacionales. Aquí nos debería preocupar no solo la calidad de lo que comemos sino también la pérdida de todavía más autonomía”, denunció.
“Este es un tema que nos preocupa a todos, porque todos comemos y todos tenemos que hacer colas para comer. No es un tema que concierne solo a los agroecólogos y campesinos. Nos concierne a todos. Este Decreto-Ley No. 4, del Consejo de Estado, debe ser derogado de inmediato”, concluyó.
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