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Las estadísticas de organismos internacionales apuntan a un colapso de la economía en el segundo semestre de 2020 debido a la caída del PIB y la falta de estrategias gubernamentales para afrontar el impacto de la COVID-19 sobre Cuba.
Los gastos de administración pública consumen el 18% del presupuesto del estado y, para financiarlos, se aumentan periódicamente los impuestos y tasas a los emprendedores.
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Con ello, han metido las manos en los bolsillos de los ciudadanos, que pagarán un aumento de precios de los bienes y servicios que ofrecen los cuentapropistas que, además de sostener la improductividad de la burocracia; no tendrán otra alternativa que elevar sus tarifas para paliar el incremento impositivo.
¿Hay que recortar el gasto público? Claro que no, sólo hay que reducir sustancialmente el gasto político para eliminar la corrupción y devolver el dinero al pueblo.
La economía cubana no puede soportar la carga de gastos innecesarios sin ingresos suficientes, sobre todo, cuando no hay riqueza que pueda sostener este sistema.
La pausa en la aplicación de las reformas económicas, tantas veces anunciadas y perfeccionadas, llena de regocijo a la burocracia, que no tendría forma de sobrevivir a un cambio real de modelo económico.
Los funcionarios se han centrado en controlar, para que no se les recorte. Luego, acusan a los cuentapropistas de la escasez y justifican la expropiación de bienes para su “redistribución social”.
Los gobiernos provinciales incrementan los gastos no sociales del sector público y las subvenciones a organizaciones relacionadas con el partido comunista, financiándolos a través de los impuestos a los pequeños y medianos empresarios privados.
El realismo económico exige reducir los fondos que llegan a las organizaciones políticas y de masas a través del presupuesto estatal, emplear esos recursos en estímulos a ala economía, incluido el sector privado, y devolver la libertad financiera a los ciudadanos.
Cuando el estado debería otorgar mayor participación a los emprendedores en los mercados locales para crear empleos, generar riqueza y redistribuirla sin derroche, como vía para construir la justicia social; las autoridades están enfrascadas en una nueva campaña contra cuentapropistas, intentando presentarlos como causantes de la escasez, cuando es justo al revés.
Con una política económica errónea y los efectos de la COVID-19 sobre una economía ya en crisis, difícilmente podrá sobrevivir el sector privado de Cuba, donde el discurso oficial proclama que el emprendimiento llegó para quedarse, pero en la práctica, obstaculiza su estabilidad y desarrollo, como fuente de riqueza, empleo y bienestar de los ciudadanos.
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