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Eloína García de Armas es una madre pinareña que lleva más de una década esperando ser debidamente atendida por las máximas instancias del estado cubano, con el objetivo de conseguir un techo digno donde vivir con su hijo enfermo.
La maestra dirigió como último recurso una misiva al periódico provincial Guerrillero en las que hace públicas las vicisitudes que ha debido afrontar, y cómo ha sido ninguneada por el aparato gubernamental de la isla a lo largo de los años.
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“Soy trabajadora de Educación y devengo un salario de 510 pesos. Además, soy madre soltera y mi hijo cursa el duodécimo grado. Él presenta problemas de salud, siendo atendido por Psiquiatría desde hace aproximadamente 10 años. (…) Desde su nacimiento me he ocupado sola de él”, explica la remitente, quien reside en el kilómetro 89 de la Carretera Central, en el reparto Montequín.
“Mi vivienda en cuestión (que es el objetivo de esta carta), la obtuve a finales de 2005, después de haber transcurrido un año de realizar gestiones para lograr tener un lugar donde residir con mi niño. Anteriormente vivía en un cuartico en la Facultad de Ciencias Médicas, lugar donde trabajaba en ese entonces, y al no recibir ayuda en mi provincia, me presenté en el Consejo de Estado”, explica en su carta.
Sin embargo, de poco le sirvió “elevar” su caso al máximo órgano del Estado pues, tal y como cuenta, delegaron el asunto a las autoridades de la provincia sin que obtuviera resultado alguno.
“Con ayuda compré esta pequeña casa de madera y cinc en un momento en que no estaba autorizado el acto de compraventa. Por ese motivo no la pude legalizar y solo he podido ser arrendataria. Dicha vivienda se encontraba en mal estado, pero fue lo que en ese entonces pude alcanzar”, detalla la pinareña.
Ese maltrecho local fue sucesivamente golpeado por los ciclones Gustav e Ike en el año 2008, hasta la pérdida parcial de su techo de cinc, sin embargo, argumento que no recibió ayuda alguna para su reparación, puesto que “como era arrendataria no me correspondía ese derecho”, según le dijeron.
“Después de haber solicitado ayuda en la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV) y al Consejo de la Administración Municipal (CAM) me presenté otra vez en el Consejo de Estado en los años 2015, 2017 y 2018 y allí alerté del peligro potencial en que vivíamos mi hijo y yo, pues la casa se encontraba en peligro de derrumbe. Estas gestiones resultaron infructuosas, pues siempre se puso como excusa mi condición de arrendataria, por lo que tampoco recibí ayuda”, relata la afectada.
Luego, en 2019, y a pesar de la puesta en vigor de nuevas legislaciones que autorizaban la legalización de locales arrendados en el país, tampoco se le dio la posibilidad de legalizar el local para luego acceder a un subsidio u otro mecanismo que le permitiera dignificar sus condiciones de vida.
“Me personé en la DMV con todos los pagos actualizados del arrendamiento, así como la documentación requerida. Transcurridos dos meses de tales disposiciones, a mi vivienda se le derrumbó el techo, conservando en mal estado únicamente las paredes exteriores, pero ya inhabitable; y cuando acudo nuevamente a la DMV desesperada vuelven a decirme que mi caso no tenía solución”, explica Eloína.
A día de hoy, la afectada vive con su hijo al fondo de la vivienda semidestruida, en un cuartico de desahogo construido con madera y cinc, donde se mojan cuando llueve.
“Hasta el día de hoy no he tenido respuesta positiva (…) Al ver tanta inercia y tanta falta de sensibilidad ante mi problema, acudí a la Fiscalía General de la República y me indicaron que fuera a ese propio organismo en mi municipio, lo cual hice, asegura la afectada, quien tampoco recibió la debida respuesta de esta instancia.
“Soy una humilde y sencilla trabajadora de este país, creo tener derecho a una vivienda digna y decorosa”, concluye en su misiva, que fuera publica este viernes por el periódico Guerrillero.
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