Malos presagios para la economía de Cuba

Las previsiones de los distintos organismos internacionales para la economía cubana en 2020 van siendo cada vez más negativas. El Gobierno no ha formulado las suyas propias, pero CEPAL o Economist Intelligente Unit han apostado por intensas caídas del PIB para este año, y lenta recuperación el siguiente, lo que no permitirá alcanzar los niveles anteriores a la crisis. Incluso, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas ha alertado sobre una posible crisis alimentaria en la Isla a finales del presente año. Malos presagios.

Existe, por tanto, un alto grado de consenso entre los expertos y las instituciones internacionales de prospectiva sobre el problema que representa para la economía cubana superar la crisis económica tras el COVID19, padeciendo un escenario de recesión mucho más intenso y prolongado que otros países.

Cada día existe un mayor acuerdo en que Cuba, con su actual sistema económico social comunista, no podrá afrontar con posibilidades de éxito los daños profundos, graves y duraderos que ha provocado el COVID19. Que se necesita un giro de 180º porque la economía cubana, sus estructuras e instituciones, no están debidamente preparadas para afrontar un escenario especialmente complejo como el actual.

En tales condiciones, se hace imperativo acometer reformas, no perfeccionar el modelo, para cambiar el día a día de la economía, los comportamientos, motivaciones y valores de los agentes económicos y con ello, reducir las numerosas incertidumbres que se plantean en el presente y futuro. Algunos pensamos que el aplazamiento de las deudas otorgado por el Club de Paris ofrecía una oportunidad histórica al régimen comunista para cambiar el modelo, pero no parece que los acontecimientos vayan encaminados en esa dirección.

Hoy por hoy, desde que se anunció el pasado día 18 el retorno a la normalidad, las instituciones comunistas que rigen la economía se han vuelto a adueñar del escenario, y ello impide recuperar la actividad económica, porque las trabas denunciadas por las autoridades en numerosas ocasiones, se han agigantado por la crisis sanitaria.

Es por ello que en el caso concreto de la economía cubana, donde el estado mantiene la propiedad y control absoluto de los factores de producción, lo que implica que la economía gira en torno a decisiones políticas e ideológicas, la recuperación será posible en la medida que el estado comunista sea capaz de reordenar los gastos del presupuesto, desde los compromisos corrientes asociados a los llamados “logros de la revolución” y diversas partidas “sociales”, hacia un programa de inversiones públicas en infraestructuras, de obras y servicios públicos.

Un programa que preste especial atención a las necesidades de vivienda, equipamientos, rehabilitación y, por supuesto, servicios sanitarios y educativos, sectores estratégicos como la energía renovable, los transportes, la digitalización, las ciudades y las medidas contra el cambio climático. La inversión pública podría ejercer un impacto sobre el empleo, la producción y el consumo por su efecto multiplicador y ayudaría a la modernización del capital productivo del país, cuya simple observación confirma el abandono al que se ha visto sometido.

Para lograr este objetivo inversor en gran escala, las autoridades tienen que entender que es necesario promover un incremento sostenido de la participación del indicador de Formación Bruta de capital en el PIB. Este indicador rara vez ha superado el 10% en la historia reciente de Cuba (desde el período especial) mostrando con ello unas preferencias políticas en la gestión del presupuesto por el gasto corriente. La situación exige una reordenación de los gastos a favor de las inversiones en obras y servicios públicos, ingeniería y construcción, de modo que ese porcentaje se duplique en el plazo de 5 años, y aún se encontraría por debajo de la media de países de América Latina.

Y ¿quién se va a encargar de este programa de inversiones públicas de amplio espectro? Desde luego, el estado comunista no. Para ello existe un mecanismo, la licitación pública internacional, que permite al estado obtener la cooperación de entidades privadas especializadas en las obras de infraestructuras destinadas a atender el interés general. Cuba no posee experiencia en este campo, pero las instituciones internacionales, FMI o Banco Mundial, estarán dispuestas a prestar apoyo, porque además, acometiendo estas reformas es más fácil obtener financiación internacional que cuando solo se construyen plazas hoteleras.

El ensayo castrista apostando por atraer las inversiones extranjeras para esta acción modernizadora, ha sido un rotundo fracaso. Nada es gratis. Hay que volver sobre los pasos y empezar de nuevo, con buen pie.

Desde mi punto de vista, este programa de inversión pública es más necesario que nunca para garantizar la recuperación económica. Realmente hay mucho que hacer y si las autoridades asumen su papel los efectos benéficos que se van a trasladar a las generaciones futuras serán formidables.

La atención a las obras públicas dio magníficos resultados económicos en la época republicana y sobre todo, un impulso modernizador al país, que es lo que actualmente se necesita. En muchos sectores y actividades, la economía cubana está obsoleta, y requiere de una acción inversora que contribuya a incrementar la producción y el empleo.

Algunos argumentarán, probablemente, que no hay recursos económicos para ello, o que los que se tienen ya están comprometidos en otras funciones del presupuesto. No lo creo. El presupuesto del estado comunista cubano representa alrededor del 75% del PIB de la economía y, como ya se ha señalado, para inversiones en infraestructuras se destina una media del 10%.

El resto, un abrumador 65% del PIB se destina a financiar un gasto corriente presupuestario que responde a programas que deberían ser sometidos a análisis y evaluación para determinar su interés y oportunidad (por ejemplo los subsidios a empresas estatales). Se trata de un ejercicio de prioridades presupuestarias, que no deben estar condicionadas por decisiones políticas o ideológicas.

Este programa de inversiones públicas tiene que proyectarse y ejecutarse a largo plazo. El régimen dispone de documentos para afrontar el escenario de los próximos años, y en los mismos, cabe espacio para la inversión en infraestructuras por medio de este enfoque de prioridades presupuestarias. El ejemplo de la energía de renovables puede servir para ello.

No solo por medio de inversiones, que habrá que realizar, sino incorporando el necesario cambio en la regulación del sector y su financiación para que resulte rentable y competitivo. Otro tanto cabe señalar con respecto a la digitalización, que debe igualmente ir acompañada de cambios estructurales en la organización productiva para atender las necesidades de los clientes.

Sin duda, la inversión pública y su impacto modernizador sobre los sectores productivos no debe quedar en un mero ejercicio de prioridades presupuestarias, sino que debe sentar las bases de un nuevo modelo de colaboración pública y privada en la economía. Y esto entraña igualmente reformas de gran calado con la participación del sector privado empujando en la misma dirección de la nave, pero con un estatus distinto del actual.

Habría que preguntarse qué obstáculos pueden existir para que se apueste, de forma decida, por la inversión pública y las infraestructuras en Cuba, actualmente. Insisto. No se trata de un problema de falta de dinero, ni de ausencia de interés internacional. El cambio real consiste en poner en valor lo que se tiene y dar más importancia a la innovación orientada al mercado, la transformación digital para atender las necesidades de las empresas y la población, en suma, trasladar a las decisiones económicas la rentabilidad, la competitividad y la productividad.

Si Cuba, por ejemplo, quiere ser reconocida a nivel mundial como potencia médica, debe igualmente entender que se puede beneficiar, y mucho, del liderazgo de corporaciones internacionales en materia de energía, obras públicas o infraestructuras que participen en las licitaciones abiertas por el gobierno para promover la inversión. En los últimos veinte o treinta años, las inversiones públicas han sido las grandes olvidadas del presupuesto económico. Tal vez llegó el momento de apostar por ellas, asumiendo la realidad. Nada será igual después.