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El gobierno cubano contraatacó una demanda de la corporación petrolera Exxon Mobil bajo la Ley Helms-Burton y defendió los envíos de remesas desde Estados Unidos como una gestión ajena al tráfico de propiedades confiscadas en la isla, según indican documentos presentados en un tribunal federal de Washington DC.
En una respuesta de 1.919 páginas, los abogados que representan a las entidades estatales CIMEX (Cuba y Panamá) y CUPET argumentaron que las remesas enviadas por Western Union y distribuidas por la financiera FINCIMEX dentro de Cuba están fuera del alcance legal de la reclamación del demandante.
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"Ninguna de las empresas cubanas solicita o promueve las remesas de Western Union o tiene contacto con sus clientes. FINCIMEX es el representante de Western Union en Cuba; al contrario de lo que parece, Western Union no es el representante de FINCIMEX en Estados Unidos, ni tiene ninguna obligación con FINCIMEX en generar remesas o realizar otra función que no sea pagarle por los servicios prestados en Cuba", indica la moción interpuesta por el bufete Rabinowitz, Boudin, Standard, Krinsky & Lieberman, con sede en Nueva York.
El documento enfatiza que CIMEX-Cuba no es parte del acuerdo con Western Union, establecido con FINCIMEX desde 1999.
La acción legal del gobierno cubano fue presentada el pasado 16 de junio para responder a un recurso de los abogados de Exxon Mobil como parte del prolongado proceso que involucra a ambas partes desde mayo de 2019. El caso está asignado al juez federal Amit Mehta en el tribunal del Distrito de Columbia.
El diferendo cobra especial interés en momentos en que el Departamento de Estado ha incluido a FINCIMEX en la Lista de Entidades Cubanas Restringidas (CRL) por su pertenencia al conglomerado militar GAESA, lo que podría afectar su acuerdo con Western Union y la emisión de remesas hacia la isla. Ninguna de las 235 entidades que conforman la CRL pueden negociar con ciudadanos o compañías bajo jurisdicción estadounidense.
Los abogados de Exxon Mobil han perfilado la reclamación argumentando que CIMEX y CUPET están usando propiedades confiscadas para facilitar la transferencia de fondos en remesas desde Estados Unidos a la isla, y alegan que todo el proceso de está "estrictamente controlado por el gobierno a través del Banco Central de Cuba".
El Departamento de Estado sancionó a FINCIMEX, el 3 de junio, pero por una omisión involuntaria no la incorporó oficialmente al listado del Registro Federal hasta el pasado viernes. La medida está ya en vigor, aunque el Departamento del Tesoro es el organismo encargado de emitir las normativas para aplicar la sanción.
Un funcionario del Tesoro dijo este martes a CiberCuba que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) no tiene aún concluida la nueva reglamentación. Un portavoz de Western Union declinó comentar sobre el asunto.
Amparada en el Título III de la Ley Helms-Burton, Exxon Mobil reclama a CIMEX Y CUPET unos $280 millones de dólares por pérdidas asociadas a la expropiación forzosa de instalaciones de EssoSA (antigua Standard Oil) por el régimen de Fidel Castro, en 1960.
Según la corporación estadounidense, el gobierno cubano le expropió una terminal marítima, 109 tanques de almacenamiento con capacidad de 2,4 millones de barriles, así como siete plantas de envasado y 117 propiedades de estaciones de servicio que sumaban entonces un valor de $72 millones de dólares.
La compañía, principal productora de petróleo de Estados Unidos, es una de las 5.913 certificadas por la Comisión de Adjudicación de Reclamos Extranjeros del Departamento de Justicia, lo que significa que cuenta con el aval para cursar acciones legales en busca de compensación del gobierno cubano. De hecho, la demanda de Exxon Mobil por vía de la Ley Helms-Burton es la única que ha recibido respuesta de las autoridades cubanas en los tribunales estadounidenses.
La reciente contraofensiva legal del gobierno cubano refuerza una petición anterior para desestimar la demanda, e incluye un voluminoso expediente con testimonios de peritos y funcionarios cubanos, así como amplia documentación histórica sobre leyes y acontecimientos relacionados con el caso. Entre las declaraciones juradas figura la de Mali Suris Valmaña, directora de Asistencia Legal de la corporación CIMEX y secretaria de la junta ejecutiva de CIMEX y de CIMEX-Panamá.
"FINCIMEX es una sociedad anónima organizada bajo la ley cubana, separada de CIMEX-Cuba y CIMEX-Panamá con sus propios bienes y personalidad jurídica. Mantiene su propios libros y registros, separados de los libros y registros de cualquier otra entidad", expresó Suris Valmaña en una declaración de 33 páginas. "FINCIMEX no tiene: filiales, divisiones, sucursales, oficinas, funcionarios, empleados, agentes o representantes en Estados Unidos; ni cuentas bancarias en Estados Unidos o con bancos estadounidenses".
La funcionaria agrega en su testimonio que FINCIMEX no realiza ninguna actividad comercial en Estados Unidos, ni importa o exporta productos
o servicios hacia o desde territorio estadounidense. También asegura que la financiera no tiene contrato con compañías estadounidenses, y "no es una división de CIMEX-Cuba o CIMEX-Panamá".
Sin embargo, la abogada admite que el presidente de FINCIMEX es también el presidente de CIMEX-Cuba y CIMEX-Panamá. Aunque no se menciona en el documento, se trata del coronel Héctor Oroza Busutil.
El abogado y analista político Sergio Comas considera que la respuesta del gobierno cubano ha tenido que hacer juegos malabares para explicar ante el tribunal estadounidense una falsa independencia de las instituciones estatales con respecto al gobierno cubano.
"Si el gobierno cubano es el propietario de CIMEX-Cuba, y CIMEX-CUBA es el accionista mayoritario de CIMEX-Panamá, por lógica transitoria FINCIMEX es una Sociedad Anónima adquirida por Cuba para evadir el embargo financiero y comercial de Estados Unidos... No hay que tener mucha lucidez para llegar a esa conclusión evidente", opinó Comas, que reside en Miami.
El documento judicial explica que FINCIMEX mantiene el sitio www.aisremesascuba.com, alojado fuera de Estados Unidos a través del cual personas de cualquier país del mundo pueden enviar remesas a individuos en Cuba. La plataforma recibe solicitudes de más de 80 países para pagar cantidades de dinero a destinatarios en la isla, con el uso de la tarjeta electrónica AIS.
La explicación responde a alegaciones en una moción previa de los abogados de Exxon Mobil, que cuestionaron que FINCIMEX tenga el monopolio de operación de la tarjeta AIS, así como el control de las tarjetas internacionales Visa, Mastercard y CABAL.
"El negocio de las remesas de los demandados tiene lugar en Estados Unidos porque los dólares estadounidenses son transferidos por personas que se encuentran en Estados Unidos utilizando los locales de agentes en Estados Unidos", señaló la moción interpuesta por Exxon, el pasado marzo.
Cuba recibe aproximadamente unos $3,600 millones de dólares estadounidenses por concepto de remesas y se estima que el 90% de los envíos proviene de Estados Unidos.
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