A 118 años del nacimiento de la República, el gobierno comunista solicitó oficialmente a los acreedores del Club de París, la suspensión -hasta 2022- del pago de la deuda de Cuba con esta entidad, una petición justificada por la grave crisis económica actual.
Los problemas de pago de las deudas de Cuba, vienen de mucho tiempo atrás. La práctica de pagar deudas internacionales fue rechazada por Fidel Castro durante su largo mandato.
Además, dedicaba buena parte de su carga demagógica en discursos y declaraciones a atacar al capitalismo internacional, al FMI y el Banco Mundial, al neoliberalismo, llegado a plantear la creación de clubes de países deudores para hacer frente a los acreedores internacionales.
En tales condiciones, la credibilidad y solvencia de la economía cubana solo se ha justificado por motivos políticos. Nunca de un análisis de fundamentos, prioridades y riesgos, como ocurre en otros países endeudados.
La sorpresa saltó precisamente este 20 de mayo, porque ya -desde finales del año pasado- el viceprimer ministro Ricardo Cabrisas Ruiz, encargado de relaciones con los financieros internacionales, había anunciado un retraso de meses en el pago de la deuda; entonces, el COVID19 era desconocido y sus efectos más aún.
La diferencia es que ahora, en un documento formal dirigido al Club de París, Cabrisas propone "una moratoria para 2019, 2020 y 2021, y volver a pagar en el 2022" a esos acreedores de Cuba, que son catorce países: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, Países Bajos, España, Suecia y Suiza.
¿Estamos ante un default de la economía cubana? Si se aplica el término en su extensión, es evidente que no.
En default, el deudor anuncia la imposibilidad de asumir el pago de su deuda. Cabrisas no ha dicho tal cosa, sino que pide tiempo, solicita un aplazamiento.
El gobierno cubano ha solicitado la realización de un análisis económico independiente en 2021, a fin de constatar si la economía cubana está en condiciones objetivas para recomenzar a pagar sus deudas.
Cuba ha hecho un ejercicio de transparencia que no escapa a nadie, e incluso, se debería situar en el ámbito de las actuaciones que realizan los organismos especializados internacionales, como el FMI., aunque ya veremos quién se encarga del estudio que, por otra parte, no va a suponer novedades significativas.
Tan pronto como se conoció el anuncio del retraso en los pagos, llegaron las primeras valoraciones. Hay un grupo de opiniones que sitúan la responsabilidad de lo ocurrido en la Ley Helms Burton y su título V, que permite acudir a los tribunales de justicia a los expropiados por el estado comunista.
No lo creo. Ni siquiera un efecto desincentivo de inversiones extranjeras cabe atribuir a esta norma. De hecho, el Mariel ha seguido gestionando proyectos, y si no hay más, es debido a la agonizante burocracia comunista.
La auténtica responsabilidad de lo ocurrido está en aquellos generosos acuerdos de 2015 del régimen comunista con el Club de París, que supusieron la cancelación y condonación de deudas incobrables y su reemplazo por programas de cooperación, que obviamente no se han materializado ni llegarán a ver la luz, porque al régimen lo que interesa es financiación a muy corto plazo.
Previamente, el General de Ejército Raúl Castro Ruz había llegado a acuerdos similares con Rusia, México y China, entre otros.
Y lógicamente, la caída de las relaciones comerciales con Venezuela, el estancamiento de los ingresos por exportación de servicios, la parálisis del turismo, una disminución de las remesas de las familias, y el control de pagos a la deuda externa también están detrás de esta grave situación económica de Cuba, en la primavera de 2020.
El acuerdo de deuda, que supuso el perdón de ocho mil 500 millones de dólares de un total de once mil 100 millones, arrastrados desde 1986, flexibilizó en exceso las responsabilidades financieras del régimen castrista en el ámbito internacional.
La sensación de aparente solvencia trajo consigo, obvia y lamentablemente, más endeudamiento. Otra política más exigente y responsable en aquel momento habría sido mucho más adecuada para enderezar el rumbo del barco que bordeaba el precipicio, según confesión pública del mismísimo Raúl Castro.
Las consecuencias han tardado menos de 5 años en materializarse
La reestructuración de deudas, el perdón de intereses hasta 2020, la ampliación de plazos generosos (hasta 2033) no ha sido solución para los insolventes estructurales.
El aplazamiento pedido por Cuba del pago de una cantidad tan exigua, unos 80 millones de dólares anuales, que ahora crecerán por los intereses, obliga a preguntarnos porqué el aplazamiento, y sobre todo porqué ahora.
El compromiso de pago de la deuda atrasada a finales del pasado año se debía materializar en este mes de mayo, y después de dos meses de crisis económica intensa, sin remesas ni turismo, que nadie puede ocultar a estas alturas, las autoridades finalmente han solicitado el aplazamiento hasta 2023.
En tales condiciones, ¿qué se debe hacer?
En primer lugar, transparencia. Ha llegado el momento de tener una información objetiva y precisa del nivel de endeudamiento real de la economía cubana, su distribución por plazos y acreedores. Los últimos datos publicados en la ONEI corresponden con 2016 y, entonces, se constataba que la deuda representaba un 20% del PIB.
En segundo lugar, responsabilidad. No conviene esperar a 2021 para abordar un estudio que, en caso de realizarse, debería empezar cuanto antes, porque es precisamente ahora cuando mejor se pueden apreciar los efectos que el COVID-19 está provocando en la economía cubana que, al parecer, están en el origen de la solicitud de aplazamiento de los pagos de la deuda.
En tercer lugar, solicitar asistencia financiera urgente a Naciones Unidas en sus programas de ayuda humanitaria, antes que la situación empeore, y a los organismos internacionales especializados, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), con los que Cuba debe volver a iniciar relaciones, ya que -curiosamente- fue estado fundador en los años 40 del siglo pasado, y los abandonó por la torpeza comunista de Fidel Castro.
Cuba debe darse prisa porque el escenario de los mercados de capitales está cambiando tan rápido como impacta la pandemia en las economías de los distintos países.
Por ejemplo, el Institute of International Finance (IIF), una entidad que está integrada por las principales instituciones financieras del mundo, ha señalado los principales obstáculos que surgen para facilitar el pago de la deuda por las 77 naciones más pobres ante la situación creada por el COVID19.
El IIF ha trasladado sus preocupaciones al FMI, el Banco Mundial y al Club de París, que concentran la mayor cantidad de deuda en estos países vulnerables que ya han empezado a lanzar señales de alarma ante una escalada de los impagos a nivel mundial, de consecuencias nefastas para los acreedores.
En tales condiciones, la posición adoptada por el gobierno cubano de atrasar el pago de la deuda, en vez de caer en default, es mucho más aceptada por acreedores, que exigen igualmente ese mayor nivel de información y transparencia ofrecido por el régimen de La Habana y, sobre todo, una aproximación técnica, a la medida de cada país, para abordar la solución de su deuda dentro de un espíritu de colaboración como el ofrecido por Cabrisas Ruiz.
La sangre no va a llegar a ningún río y que la deuda cubana entrará en un proceso de negociación que dará sorpresas, en el que incluso se podrán explorar nuevos instrumentos para el desarrollo de dicha deuda sin crear tensiones sustituyendo los plazos más cortos por el largo, por ejemplo.
De momento, el gobierno castrista ha ganado tiempo, hasta 2023, entonces y de aquí a allá, veremos si asumen la racionalidad y valentía que se supone a gobernantes en época de crisis o siguen fracasando.
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