Tribunal autoriza a Trump a retener fondos para inmigrantes en Nueva York y 7 estados santuario

La decisión afectará a las agencias del orden en las ciudades y estados que se nieguen a cooperar con la política del mandatario contra los migrantes indocumentados.

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Este artículo es de hace 4 años

El gobierno de Donald Trump podrá retener millones de dólares destinados a inmigrantes en las llamadas ciudades santuario, gracias a un fallo judicial que revirtió una decisión anterior.

La decisión del Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York afectará el presupuesto federal para las agencias del orden en ciudades y estados que se nieguen a cooperar con la política del mandatario contra los migrantes indocumentados, informó la cadena CNN.


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El tribunal reconoció la autoridad de Departamento de Justicia estadounidense para condicionar las subvenciones del programa federal a estas localidades que limitan la cooperación entre las fuerzas del orden locales y las autoridades federales de inmigración.

"Si bien respetamos a nuestros circuitos hermanos, no podemos coincidir en que al gobierno federal se le prohíba imponer las condiciones de los fondos federales que están en disputa en este asunto", expresa el documento judicial.

En las últimas semanas, la administración Trump ha intensificado su lucha contra las jurisdicciones santuario y ha tomado medidas de presión como impedir que los residentes de Nueva York se inscriban en ciertos programas de Trusted Traveler, como Global Entry.

Aparte de la Ciudad de New York también reclamaban las subvenciones 7 estados que protegen a los inmigrantes indocumentados: Connecticut, Massachussetts, Washington, Nueva York, Nueva Jersey, Virginia y Rhode Island.

Estos habían presentado una demanda contra el Departamento de Justicia en 2017, con base en que en otros circuitos como California las cortes habían fallado en contra de la medida del mandatario.

En 2017, por ejemplo, los requisitos para entregar subvenciones del gobierno incluían permitir que las autoridades federales de inmigración tuvieran acceso a las cárceles y proporcionar un aviso previo al Departamento de Seguridad Nacional antes de que los funcionarios locales liberaran a un inmigrante indocumentado buscado por las autoridades federales.

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