"El gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando el disenso y la crítica pública", afirma Human Rights Watch

Human Rights Watch (HRW) condenó al Gobierno de Cuba por la represión y la falta de libertad de expresión en la isla, en su más reciente informe sobre la situación mundial de los derechos humanos.

"El gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando el disenso y la crítica pública", afirma esta organización sin ánimo de lucro en el capítulo dedicado a las violaciones de derechos humanos en el país durante 2019.

Solo hasta agosto fueron reportadas en Cuba más de 1.800 detenciones arbitrarias de corta duración de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otras personas. Esta cifra se eleva hasta 3.157 personas durante todo el pasado año, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

"El gobierno sigue usando otras tácticas represivas contra sus críticos, tales como golpizas, denigración pública, restricciones a la posibilidad de viajar y despidos", señala HRW y cita como ejemplos la represión a quienes se opusieron a la nueva Constitución de Cuba.

Pese a que las detenciones de corta duración descendieron de enero a agosto de 2019 con respecto al mismo período de 2018, 1.818 frente 2.024, Cuba continúa utilizando estos métodos para evitar la participación de opositores en marchas pacíficas, mítines políticos o actividades públicas como sucedió en la marcha independiente del colectivo LGTBI+ en La Habana, la marcha de los girasoles en Santiago de Cuba y los festejos por los 500 años de la capital.

Según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, este tipo de detenciones había aumentado de "manera drástica entre 2010 y 2016 —de un promedio mensual de 172 incidentes a 827—, pero empezó a descender durante 2017", agrega el informe.

HRW hace especial mención a las Damas de Blanco, quienes sufren cada domingo el hostigamiento, maltrato y detención de la seguridad del Estado y a la Unión Patriótica de Cuba, cuyos miembros –unos 90– fueron arrestados en septiembre.

"Los funcionarios de seguridad casi nunca presentan órdenes judiciales para justificar la detención de críticos. En algunos casos, los detenidos son liberados tras recibir advertencias oficiales, que los fiscales pueden utilizar durante procesos penales posteriores para demostrar que existe un patrón de conducta delictiva", agrega.

HRW denunció que el Gobierno de Cuba no permite visitar las cárceles para clarificar cuántos presos políticos existen en la isla. Según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, hasta octubre, había 109 presos políticos, una cifra que varía hasta más de 120 según otros organismos independientes dentro y fuera de la isla.

Entre los casos citados están el del activista Hugo Damián Prieto Blanco, del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata, quien fue condenado a un año de prisión desde diciembre de 2018 por el delito de “peligrosidad social predelictiva”, pero fue liberado en abril de 2019. En el Código Penal del régimen se recoge como "la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista".

La liberación del Dr. Eduardo Cardet Concepción, líder del Movimiento Cristiano Liberación, tras más de dos años en prisión, la muerte del preso político más antiguo de Cuba, Armando Sosa Fortuny, quien pasó 43 de sus 76 años encarcelado y la detención de José Daniel Ferrer, fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), por más de 100 días sin juicio alguno también son recogidas por HRW.

En cuanto a las prisiones de Cuba, HRW apunta que están sobrepobladas y los presos son obligados a trabajar unas 12 horas, incluso se pueden enfrentar a castigos si incumplen las cuotas establecidas, según testimonios de expresos políticos. Además no hay "en la práctica" mecanismos para reclamar ante los abusos.

Esta semana la ONG independiente Cuban Prisoners Defenders reveló que en Cuba unas 127.800 personas cumplen condenas, lo que situaría al país como el de mayor población carcelaria, con 794 reclusos por 100.000 residentes.

Falta de libertad de expresión y de otros derechos humanos

Human Rights Watch afirma que el gobierno, además de controlar todos los medios de comunicación de Cuba, restringe el acceso a información proveniente del extranjero y bloquea a sitios independientes cubanos como "14ymedio, Tremenda Nota, CiberCuba, Diario de Cuba y Cubanet".

El acceso a la información en Cuba sigue siendo limitado por el alto costo de Internet, además en el Decreto-ley 370/2018 sobre la “informatización de la sociedad”, se establecieron multas y confiscaciones de equipos para quienes creen sus sitios webs en servidores en el extranjero.

Cuba tiene el “clima más restringido para el ejercicio del periodismo de América”, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). Los reporteros independientes críticos con el gobierno "suelen ser víctimas de hostigamiento, violencia, campañas de desprestigio, restricciones para viajar, allanamientos en sus viviendas y oficinas, confiscación de sus materiales de trabajo y detenciones arbitrarias. Es común que se mantenga incomunicados a estos periodistas, al igual que a artistas y académicos que reclaman mayores libertades".

HRW ejemplifica estos casos con la condena de Roberto de Jesús Quiñones, periodista de Cubanet, quien cumple un año de prisión por informar; las manifestaciones contra el Decreto 349 que restringía la libertad del arte en la isla y el impedimento a viajar fuera de Cuba a la periodista Luz Escobar, de 14yMedio, así como la limitación de desplazamientos dentro del país.

El Gobierno de Cuba viola los convenios de la Organización Internacional del Trabajo al no permitir la creación de sindicatos independientes, pues solo está autorizado la Central de Trabajadores de Cuba, que controla el Estado.

La defensa de los derechos humanos sigue siendo una actividad ilegítima en el país y las autoridades persiguen a los organismos independientes contra el régimen. HRW hace mención aparte a los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT+), quienes fueron reprimidos durante una manifestación en La Habana tras aplazarse el matrimonio igualitario a un futuro referéndum sobre el Código de Familia.

Por último, HRW enumeró a varios actores internacionales que intentan presionar al Gobierno de Cuba para restablecer los derechos humanos como la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en particular Estados Unidos con las sanciones a altos dirigente, las restricciones de viajes y la inclusión de empresas de la isla en la lista negra.

"El mandato de Cuba como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas venció a fines de 2019. Durante el tiempo que integró el consejo, Cuba votó reiteradamente para prevenir el monitoreo de violaciones de derechos humanos, y se opuso a resoluciones que abordaban abusos en países como Venezuela, Siria, Myanmar, Bielorrusia, Burundi, Irán y Filipinas", detalla el citado informe.