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La participación de funcionarios cubanos en la comisión de torturas a prisioneros venezolanos fue denunciada por el Instituto Casla, organización de defensa de los derechos humanos, en un informe presentado esta semana a la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la sede de esta institución en Washington.
El documento acusa al nuevo embajador de Cuba en Caracas, Dagoberto Rodríguez, de organizar, controlar y revisar las torturas de los agentes de inteligencia de la Isla que están infiltrados en Venezuela con el consentimiento del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y del director de la inteligencia militar, el general Iván Hernández Dala.
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“Este año hemos querido referir la importancia que tiene la presencia cubana en la inducción y represión que lleva el régimen venezolano con toda la población”, recalcó en rueda de prensa Tamara Suju Suju, directora de Casla.
“Los cubanos están en varios de esos centros de tortura clandestinos donde se les conoce como los isleños e, incluso, son los propios ejecutores de las torturas“, había asegurado antes, al intervenir en la sesión de la OEA.
El contenido del documento, al que tuvo acceso el diario ABC, demuestra que este año se ha incrementado la represión del régimen chavista. En este se describen agresiones con objetos contundentes, palizas con tablas y golpes en las costillas, así como denuncias de asfixia y ahogamiento fingido, en algunos de los cuales los torturadores cubrieron las cabezas de las víctimas con bolsas de plástico.
Casla recibió 45 denuncias de desaparición forzosa. El 95% de los casos fue responsabilidad de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, aunque también jugaron un rol los llamados “colectivos”, que no son más que organizaciones paramilitares al servicio del gobierno.
También se registraron otros 19 casos de tortura que afectaron a 83 personas, de ellas, un 53% fueron civiles y el resto, militares. Entre los torturados hubo incluso niños de entre 13 y 16 años. Casla presentó las demandas correspondientes ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya.
Los detenidos fueron sometidos a prácticas que incluyeron la privación de la luz solar, de la ventilación natural o del sueño; la permanencia a temperaturas extremas, y la negación de alimentos o de atención médica especializada para enfermedades previas o causadas incluso por las torturas infligidas.
El informe también contabiliza 40 denuncias de aplicación de descargas eléctricas y 43 de colgamiento desde las extremidades. En 38 de ellas, los verdugos usaron sustancias psicotrópicas para aturdir a los prisioneros y facilitar la tortura, mientras que a 43 de ellos se les vendaron los ojos.
Casla reportó, además, 41 agresiones de corte sexual, en las que las víctimas refirieron haber sido desnudadas y sufrir conatos de violación y lesiones sobre los genitales.
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