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España niega al gobierno cubano la extradición de un perseguido político

La defensa esgrimió el principio de reciprocidad, que obliga a los estados a reconocerse obligaciones y beneficios mutuos. Cuba se ha negado a extraditar a nacionales solicitados por España para ser juzgados por sus crímenes.

Audiencia Nacional de España © Wikimedia Commons
Audiencia Nacional de España Foto © Wikimedia Commons

Este artículo es de hace 4 años

La Audiencia Nacional de España falló hace aproximadamente un mes a favor de la no extradición a su país de un opositor cubano, a quien el régimen castrista pretendía juzgar por un presunto delito de tráfico de personas, según confirmó a CiberCuba Luis Chabaneix, jefe del bufete penalista especializado que estuvo a cargo de la defensa del opositor.

El activista, que se encuentra exiliado en la nación europea, es hijo y nieto de disidentes, de acuerdo a una información del diario español La Razón. De haber sido retornado a la Isla, podría haber sido condenado a cadena perpetua después de enfrentarse a un proceso jurídico sin garantías, solo por cooperar con la huida de otros compatriotas suyos hacia países democráticos como Estados Unidos o México.

Uno de los elementos que la justicia española consideró a favor del refugiado cubano fue que la acción de ayudar a personas a salir de su propio país, que en Cuba se considera un delito, en España no lo es.

Asimismo, la defensa argumentó el principio de reciprocidad, que rige sobre los acuerdos de extradición, y por medio del cual los estados se obligan a reconocerse obligaciones y beneficios mutuos. O sea, el país actúa en dependencia de cómo lo haga el otro.

En ese sentido, la defensa del opositor recordó que en numerosas ocasiones en que España ha solicitado al gobierno cubano la extradición de ciudadanos españoles para ser juzgados por sus crímenes, las autoridades de la Isla se han negado a entregarlos.

El opositor reside actualmente en Madrid, aunque su familia continúa en la Isla. La firma Chabaneix Abogados está especializada en detener órdenes de extradición de exiliados políticos que se encuentran en la nación ibérica, y que han logrado huir de sus países de origen donde se violan los derechos humanos, entre ellos Venezuela, Argelia o Benín.

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