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Dos integrantes de la Red de Mujeres por la Igualdad (RMI) en Cuba, Nancy Alfaya y Marthadela Tamayo, llevan desde la tarde del jueves asediadas en sus hogares por agentes de la Seguridad del Estado. Por el momento, ninguna ha podido salir de su casa.
“Esta es la mejor prueba de la violencia política en contra de las mujeres. Porque nosotras pacíficamente, nos estamos organizando para empoderar a las mujeres en sus derechos”, denunció Tamayo, a través de una publicación en Facebook.
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Alfaya y Tamayo, coordinadora y organizadora, respectivamente, de la entidad perteneciente al Comité Ciudadano por la Integración Racial (CIR), habían realizado un llamado masivo a mujeres cubanas para asistir a la Mesa de Género prevista para la presente jornada, a partir de las 2:00 p.m (hora local).
El encuentro formaba parte de la campaña “Unidas por Nuestros Derechos” y también, como parte de la mesa de debate, estaba programado el lanzamiento de una Guía de Género, desarrollada por Tamayo durante sus cuatro meses de estudio en Washington, Estados Unidos.
“Unidas por Nuestros Derechos” es una campaña encabezada por la Alianza Cubana por la Inclusión (ACI) y la Red Femenina de Cuba. Su objetivo consiste en “erradicar la violencia política en contra de las mujeres” y hacer público la “reciente ola de detenciones, amenazas y restricciones”, explicó a CiberCuba una fuente que prefirió permanecer en el anonimato.
A su vez, las organizadoras tienen como meta exigir a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) tres acciones básicas para disminuir la violencia en contra de todas las féminas de la Isla: la actualización de los datos sobre feminicidios; la preparación de funcionarios para atender denuncias de violencia; y la tipificación de la violencia de género en Cuba, como delito, en el Código Penal o a través de una ley específica.
Al parecer, Alfaya y Tamayo no han sido las únicas partícipes de la cruzada que terminaron siendo víctima de la represión policial.
“Activistas y coordinadoras de la campaña fueron retenidas en sus viviendas, de donde también se les prohibió salir, y citadas para asistir a interrogatorios, por la seguridad del estado. Así mismo, familiares fueron multados y detenidos”, agregó la fuente.
Tal fue el caso de Jorge Olivera, esposo de Alfaya, y Osvaldo Navarro, esposo de Tamayo. Incluso, Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador del CIR, fue trasladado en un patrullero hacia su vivienda, por un agente de la Seguridad del Estado, quien se identificó como el “Mayor Alejandro”.
El “Mayor Alejandro” también fue el responsable de “advertirle” a Tamayo y a su cónyuge que no podían salir de su hogar hasta el viernes a las 8:00 p.m. Así mismo, les comunicó que el país estaba en una “situación coyuntural”, por lo que no se iba a permitir actividades de género “ni ahora, ni nunca”.
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