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El gobierno de Donald Trump pidió este lunes a la Corte Suprema que levante una orden judicial que no le permite al presidente limitar las solicitudes de asilo.
Se trata de un fallo dictado en julio por Jon Tigar, juez federal de San Francisco, con el propósito de bloquear temporalmente a la administración para aplicar una regla que impediría a la mayoría de los inmigrantes solicitar asilo en Estados Unidos, si antes no lo hicieron cuando llegaron a un tercer país en su tránsito hacia la frontera con México.
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En su decisión, Tigar argumentó que la nueva medida de Trump “podría exponer a los inmigrantes a la violencia y el maltrato, negarles los derechos que dictan las leyes internacionales y devolverlos a los países de los que huyen”.
El 16 de agosto la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito con sede en California confirmó la decisión del magistrado, aunque solo en los estados sobre los que tenía jurisdicción.
Este lunes el procurador general Noel Francisco envió una carta enviada al tribunal supremo en la que calificó el mandato del juez de “profundamente defectuoso”, y lo acusó de interferir “de forma indebida con la autoridad del poder ejecutivo para establecer una política migratoria”.
En el documento, el funcionario expresó que la regla impuesta por Trump “alivia una carga aplastante en el sistema de asilo de los Estados Unidos al priorizar a los solicitantes de asilo que más lo necesitan…".
“Estados Unidos ha experimentado un alza sin precedentes en el número de extranjeros que entran de forma ilegal en la frontera sur y que si son aprehendidos, piden asilo y permanecen en el país mientras se resuelven sus demandas”, añadió.
El 21 de agosto el Departamento de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció que el gobierno restringirá al mínimo el otorgamiento de permisos de trabajo a los inmigrantes que soliciten asilo y reciban un parole para permanecer temporalmente en el país. A partir de ahora los extranjeros admitidos en territorio estadounidense con petición de asilo no serán automáticamente beneficiados con el derecho a empleo.
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