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La administración de Donald Trump sumó otro golpe de sanciones contra el régimen cubano con la inclusión de dos hoteles y dos casas editoriales en la lista de más de 200 entidades y subentidades cubanas que no pueden realizar operaciones financieras con compañías y ciudadanos de Estados Unidos.
Las cuatro adiciones hechas a la Lista de Entidades Cubanas Restringidas (CRL) del Departamento de Estado incluyen a los hoteles Palacio Cueto, ubicado en el Centro Histórico de La Habana Vieja, y Cayo Guillermo Resort Kempinski, en la provincia de Ciego de Ávila; la Casa Editorial Verde Olivo, adscrita al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), y la Editorial Capitán San Luis, perteneciente al Ministerio del Interior (MININT), según el reporte publicado este viernes por el Registro Federal.
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La oportunidad escogida por las autoridades estadounidenses para anunciar la ampliación de sanciones contra Cuba tiene sin dudas una carga simbólica, al coincidir con las celebraciones oficiales por el 26 de julio, fecha que la propaganda del régimen exalta como "día de la rebeldía nacional" y del comienzo de las acciones armadas que desembocaron en el triunfo revolucionario de Fidel Castro en 1959.
El anuncio de las nuevas entidades restringidas es el sexto difundido por el Departamento de Estado desde 2017 y eleva a 223 el número de entidades incorporadas a la lista negra de empresas cubanas sancionadas por Washington.
El hotel Palacio Cueto, situado en la esquina de las calles Muralla e Inquisidor, es considerado una joya de la arquitectura art nouveau cubana y fue inaugurado el pasado abril como resultado de un proyecto de restauración del grupo Gaviota. Está catalogado como una instalación de lujo con 60 habitaciones.
Mientras, el hotel Cayo Guillermo Resort Kempinski, un proyecto de cinco estrellas del grupo alemán-suizo Kempinski Hotels y la corporación Gaviota, está aún por inaugurarse en el archipiélago Jardines del Rey, al noreste de Cuba.
Tanto la Casa Editorial Verde Olivo, creada en 2005, y la Editorial Capitán San Luis, establecida desde 1989, ambas radicadas en La Habana, son empresas dedicadas a la literatura histórica, y obras políticas y militares en función de la propaganda gubernamental.
La CRL está integrada por empresas y sucursales controladas por las fuerzas militares o los servicios de inteligencia y de seguridad cubanos. Estados Unidos prohíbe de manera general negocios y transacciones financieras con las entidades registradas en el listado, argumentando que cualquier operación serviría para beneficiar de manera desproporcionada al aparato militar y la élite gobernante en Cuba.
Entre las entidades restringidas figuran las FAR, el MININT, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y compañías, sociedad anónimas, grupos empresariales vinculados con esos organismos militares, como GAESA, CIMEX, Gaviota y la Zona Especial de Desarrollo del Mariel.
Apenas horas antes de anunciarse las nuevas sanciones, un alto funcionario de la administración Trump advirtió en una teleconferencia con periodistas que las sanciones contra el gobierno cubano se recrudecería si continúa su respaldo incondicional a Venezuela.
"Cada acción emprendida contra el gobierno cubano ha estado dirigida a su sistema financiero, sus ingresos y sus operaciones de petróleo, y todo se agravará si no deja de apoyar la destrucción de la democracia y la represión contra el pueblo venezolano”, dijo el funcionario, que recomendó a La Habana que es "el momento de dar un paso atrás".
Consecuentemente con esa estrategia, la anterior entidad añadida a la CRL fue Cubametales, el pasado 3 de julio, bajo el argumento de interrumpir los intentos del gobierno de Nicolás Maduro de usar el petróleo como una herramienta de negociación para comprar protección de Cuba.
Estas medidas forma parte de la estrategia impulsada por la Casa Blanca para apretar las clavijas del embargo y limitar el apoyo del gobierno cubano a Venezuela.
El Departamento de Estado ha declarado que continuará actualizando la Lista según sea necesario para garantizar que los fondos de Estados Unidos no apoyen directamente el aparato de seguridad de Cuba.
El objetivo es limitar el comercio, los viajes y los gastos de estadounidenses en Cuba.
La versión original de la CRL se difundió con 180 entidades en noviembre de 2017 como parte del nuevo giro de la política de Washington hacia Cuba tras el acercamiento diplomático propiciado por Barack Obama. Con posterioridad, la administración Trump ha agregado 44 empresas y sucursales.
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