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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asegura en su más reciente informe de 2018, que ni la llegada al poder de Miguel Díaz-Canel ni la nueva Constitución han favorecido el respeto a los derechos humanos ni a la democracia en la Isla.
Antonia Urrejola, relatora de Cuba en la CIDH, declaró que persisten las mismas demandas que ese organismo, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), viene haciendo desde hace décadas.
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El informe tuvo en cuenta el proceso de elección de Díaz-Canel, en abril de 2018, y de la nueva Constitución, promulgada justo un año después.
Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA, declaró que Cuba nunca se podrá incorporar a ese sistema interamericano, "que se basa en los principios de derechos humanos y democracia".
El diplomático añadió que "Cuba es el violador más grandes de derechos humanos en el hemisferio. No solo de los cubanos, (sino de) los nicaragüenses y los venezolanos".
La CIDH indicó que perdura la prohibición de asociarse con fines políticos y las restricciones a la libertad de expresión. A ello se suma que "las voces contrarias al gobierno terminan siendo suprimidas ante la existencia de un partido único".
El organismo indicó que "persiste la persecución selectiva y deliberada en contra periodistas (...) que difunden información y opiniones sobre temas de interés público que el Estado considera contrarias a su discurso”.
En ese sentido, avisa de un aumento “de los procesos de criminalización" contra activistas.
Según Urrejola, "el proceso de socialización y debate en torno al proyecto de Constitución", estuvo marcado por serias carencias y por la falta de herramientas democráticas que estimularan un auténtico debate plural.
Urrejola precisó que aunque es "un avance de la letra escrita", la nueva Constitución carece, al mismo tiempo, de una garantía de “independencia del poder judicial”, para que se hagan efectivos los derechos que reconoce.
La comisión Justicia Cuba, por su parte, anunció también en Miami que solicitó a la CIDH que "respalde la creación de un tribunal que juzgue los delitos de lesa humanidad que ha cometido el castrismo".
El jurista mexicano René Bolio, que preside esa comisión internacional, recordó que se trata de una corte que quiere juzgar y condenar “a los criminales que hoy están en Cuba”, y que están dejando su huella también en Nicaragua y Venezuela.
Bolio señaló que han documentado infinidad de casos, pero añadió que hay al menos cinco de ellos con todas las pruebas que evidencian la "violación sistemática de derechos humanos por la dictadura castrista con el único objeto de permanecer en el poder".
El jurista adelantó que el Congreso de Chile va a someter a votación por estos días la creación del tribunal que juzgue los crímenes del castrismo y que espera el apoyo de la CIDH.
"La violación de los derechos humanos en Cuba viene por los castristas incluso antes de tomar el poder, más de sesenta años, que van desde los fusilamientos arbitrarios, los juicios sumarios hasta las deportaciones, las cárceles, las torturas y todo lo clasificado como delitos de lesa humanidad", dijo.
Urrejola ha dicho que la Comisión va a analizar la petición, aunque considera que los tribunales apropiados para esos casos son la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma.
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