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La organización opositora cubana Directorio Democrático Cubano, con sede en Miami, tramita un juicio internacional contra el gobierno de Cuba por crímenes de lesa humanidad, informo Orlando Gutiérrez Boronat, cofundador de la agrupación, al diario costarricense El Periodicocr.
El dirigente señaló que la ideología comunista imperante en la Isla es responsable de la crisis que afecta actualmente a Venezuela.
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“Nosotros estamos en gestiones de enjuiciar internacionalmente a este régimen comunista por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo cubano, el de Venezuela y otros pueblos”, indicó.
“En Cuba está establecido un régimen totalitario que responde a una ideología que no reconoce fronteras nacionales. Este régimen ocupa Venezuela y ocupa Nicaragua. Se trata de sistemas antidemocráticos cuyo objetivo consiste en la permanencia indefinida en el poder”, añadió.
Gutiérrez Boronat fue a Costa Rica para participar en el Foro sobre el Sistema Educativo Cubano, organizado a raíz de la firma, el pasado 29 de abril, de un memorando para la cooperación en materia educativa entre los gobiernos de Cuba y del país centroamericano.
La firma del acuerdo generó preocupación en varios congresistas debido al “adoctrinamiento comunista” de la educación cubana, y alegaron que los docentes que la Isla eventualmente envía a esa nación son en realidad agentes comunistas que se infiltran en sociedades democráticas.
Por otra parte, el 14 de mayo Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel fueron denunciados ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, debido a los abusos y las condiciones de esclavitud que sufren los médicos enviados a trabajar como cooperantes en el exterior.
La demanda fue presentada por la Asociación Prisoners Defenders International Network; su presidente y fundador, Javier Larrondo Calafat, y el abogado penalista Sebastián Rivero Silva, así como por la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y su coordinador general, José Daniel Ferrer.
El Directorio Democrático Cubano fue uno de los grupos en Miami que pidieron al presidente Trump implementar “plenamente” la Ley Helms Burton, lo cual permite demandar a compañías extranjeras que usan bienes expropiados por el régimen.
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