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El Gobierno cubano implementará nuevas normas jurídicas en aras del ordenamiento y legalización de viviendas, cuartos, habitaciones, accesorias y locales, en busca de soluciones habitacionales en un país donde hay un déficit de casi un millón de viviendas.
Los nuevos acuerdos, 8574 y 8575 del Consejo de Ministros, publicados este viernes en la Gaceta Oficial, podrían aliviar la situación para miles de familias ocupantes de locales que no son de su propiedad, o sobre los cuales no tienen derechos reconocidos.
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El primer acuerdo se centra en el ordenamiento y legalización de viviendas, cuartos, habitaciones, accesorias y locales; mientras el segundo apunta al cambio de uso y traspaso de locales.
"Ambos favorecen la posibilidad de que las personas naturales participen en la solución de sus necesidades habitacionales por esfuerzo propio, al tiempo que se den pasos en la recuperación del fondo habitacional del país, y en el ordenamiento legal de un tema tan sensible como el de la vivienda", apuntó el medio oficialista Juventud Rebelde.
Las nuevas reglas -que entrarán en vigor dentro de 30 días después de este viernes- son una especie de "flexibilización del gobierno para transferir la propiedad de ocupantes de viviendas estatales que son actualmente arrendatarios y usufructuarios, y para permitir la legalización de viviendas terminadas o en ejecución por el Estado y la población", sostuvo el periódico.
Durante una conferencia de prensa en el Ministerio de la Construcción (Micons), se conoció que estas medidas podrían beneficiar a más de 230.000 familias cubanas.
Según Santiago Herrera, director de Asuntos Legales de la Vivienda, "mucha gente obtendrá la propiedad de la vivienda que ocupan en concepto de arrendamiento permanente, o del cuarto o la habitación, accesoria o local, que constituyen viviendas adecuadas. Otras personas tendrán el derecho a lo edificado y a continuar la construcción del inmueble hasta convertirlo en habitable".
Los órganos locales del Poder Popular serán "los encargados de asignar locales, cuartos y habitaciones que puedan ser convertidos en viviendas adecuadas, y transferir en propiedad aquellas que estén en arrendamiento permanente".
Con estas medidas cientos de familias cubanas podrían entrar en el terreno de la legalidad.
En anteriores declaraciones, Vivian Rodríguez, directora general de la Vivienda, dijo que en Cuba faltan 929.695 casas, de las que hay que construir unas 527.000 y rehabilitar otras 402.000.
Este déficit habitacional, según los funcionarios, podría solucionarse en 10 años.
No obstante, Cuba es un país azotado por eventos naturales como ciclones, huracanes y hasta un reciente tornado, cuyo devastador impacto sobre barrios de La Habana agravó la situación de la vivienda en el país.
Estas medidas podrían ayudar a solucionar lo que el gobierno cubano no ha podido hacer, y que seguramente podrá hacer cada vez menos en medio de la crisis y la escasez que atraviesa el país.
En la conferencia de prensa se explicó que el acuerdo 8574 tendrá una durabilidad de seis años a partir de su entrada en vigor.
La normativa solo aplica para "acciones constructivas que cumplan las regulaciones territoriales, urbanísticas y constructivas en viviendas, cuartos, habitaciones, accesorias y locales".
El medio oficialista Granma puntualizó que, en el caso de los cuartos, se legalizarán los que reúnan las características de vivienda adecuada: "Se exigirá que el cuarto tenga en su superficie al menos tres locales destinados a cocina, baño y uso múltiple".
Si el cuarto o el local no dispone de esas condiciones, pero sus ocupantes tienen la posibilidad de crearlas, "se les dará el derecho a construir por esfuerzo propio, y se les dará opción para crédito o subsidio, algo que hasta ahora se impedía por el estatus de ilegalidad".
El acuerdo 8574 incluye viviendas ubicadas en zonas urbanas y rurales y "se aplica a los arrendatarios permanentes de viviendas del fondo estatal, a usufructuarios y ocupantes de cuartos, habitaciones, accesorias y locales, convertidos en viviendas adecuadas o que puedan serlo, y a viviendas y locales terminados o en ejecución por el Estado o la población, sin cumplir las formalidades legales".
Por su parte, quienes construyeron ilegalmente, violando las regulaciones urbanísticas y territoriales, no serán legalizados.
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