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El estudiante universitario cubano, Jorge Enrique Cruz Batista, habría sido expulsado con carácter definitivo de la Universidad “Ignacio Agramonte”, de Camagüey, acusado de haber sido uno de los autores de los carteles aparecidos en enero de este año en ese centro de estudios, que decían: "Abajo Díaz-Canel".
Henry Constantin, director de La Hora de Cuba, ha precisado que la decisión fue el resultado de un “proceso investigativo relámpago”, llevado a cabo en la última quincena de marzo, y que concluyó con la expulsión del estudiante del centro de Educación Superior, según ha confirmado una fuente anónima citada por Constantin.
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Cruz Batista habría contado a sus compañeros que fue interrogado por agentes del MININT en Villa María Luisa, antigua casona del reparto Garrrido donde está la sede de la Seguridad del Estado de esa provincia.
De acuerdo con el citado medio independiente, durante el interrogatorio, coaccionaron a Cruz Batista -estudiante de tercer año de Arquitectura- para que confesara.
“Si no declaras que fuiste tú te vas a quedar aquí detenido e incomunicado", le habría dicho uno de los agentes de la Seguridad que lo entrevistó, y habría añadido que si declaraba podía irse y seguir con sus estudios.
Según el reporte de La Hora de Cuba, el estudiante finalmente habría confesado bajo engaño, y días después le notificaron que estaba expulsado definitivamente de la Educación Superior en Cuba.
Le advirtieron, además, que más allá de que pudiera apelar, el mandato era que abandonara la instancia universitaria de inmediato.
Otro alumno castigado por el mismo hecho, nombrado Alexander y que estudia Ingeniería Civil, habría recibido una sanción menor, que le permite estudiar nuevamente aunque solo a distancia.
Jorge Enrique Cruz no ha ofrecido declaraciones a La Hora de Cuba por estar esperando el resultado del "proceso de apelación", aunque sí precisó que todo lo que quería era poderse reintegrar a sus estudios y graduarse.
Previamente la Universidad de Camagüey ya expulsó de su puesto a un profesor (José Raúl Gallego) y citó para interrogatorios, amenazó o investigó a otros jóvenes por textos publicados en blogs propios o por hacer comentarios críticos en Facebook.
"La discriminación por razones políticas sigue siendo ley en las universidades cubanas, que son gratis, porque no piden dinero para estudiar en ellas, pero son de las más caras del mundo, porque exigen lo más costoso, lo más humillante y más difícil de dar para un joven: sumisión", concluyó La Hora de Cuba.
Los carteles aparecieron el domingo 13 de enero escritos en una pared de la Facultad de Construcciones, y enseguida generaron un fuerte despliegue de la Seguridad del Estado.
Justamente en este mes de abril se cumplen dos años de que la Universidad de Villa Clara "Marta Abreu" expulsara a otra estudiante universitaria, Karla María Pérez González, que cursaba el primer año de la carrera de Periodismo, por colaborar con el movimiento opositor Somos+.
En su más reciente informe, la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha declarado que la nueva Constitución cubana "no retrocede en términos de libertades de expresión o prensa, pero repite la mayoría de las limitaciones a ellas establecidas por el anterior texto legal".
El informe, presentado en Cartagena por el vicepresidente para Cuba de la SIP, el citado periodista Henry Constantin, indicaba que estamos ante "una nueva Constitución para asegurar la mordaza y mantener la libertad de expresión y la prensa independiente como conductas delictivas".
"La Constitución aprobada el 24 de febrero en un referéndum sin garantías democráticas y plagado de irregularidades reconoce la libertad de expresión, pero la subordina a la legislación vigente o a leyes y reformas a discutirse en el mismo ambiente represivo y en el que se ha gestado la anterior legislación", añadía el documento.
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