Las empresas y otras entidades estatales que obtengan malos resultados en las auditorías, se enfrentarán a una penalización del 50% de la asignación del combustible que reciben por parte del Estado, aseguró en Las Tunas la vicecontralora general de la República, Acela Martínez.
La funcionaria realizó esa declaración durante una asamblea celebrada esta semana en la provincia para valorar la labor de ese organismo supervisor durante 2018, según reportó Periódico 26.
Fidel Gordo, vicepresidente del Consejo de la Administración local, reconoció que las ideas implementadas para asegurar un control adecuado de los carburantes no han cumplido su objetivo.
En tal sentido recordó que, a finales de año, la provincia había vendido apenas 0,18 litros por licencia operativa del transporte, y sin embargo “los vehículos particulares no se han parado”.
Queda en entredicho, por tanto, la aseveración del diario de que “a pesar de la escasez de personal [de la Contraloría], el territorio cerró el año con el 96% de cumplimiento de las acciones de control previstas, lo cual evidencia el esfuerzo realizado”.
Según la publicación, la reunión de los miembros de ese organismo en Las Tunas respondía a la necesidad de “proponer ideas encaminadas a extirpar de raíz las causas y condiciones que alimentan las ilegalidades, los hechos delictivos y la corrupción en algunas empresas y entidades radicadas en la provincia”.
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