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Lo que el Gobierno cubano no ha podido recaudar en los hoteles y restaurantes necesita sacarlo de alguna parte para poder pagar, por ejemplo, el crédito de 16 millones de dólares que tiene que devolver a China antes de 24 meses por la compra de 89 autobuses para aliviar la crisis crónica del transporte público en La Habana.
En una economía donde las empresas estatales son un lastre, al Ejecutivo de Díaz-Canel se le ha ocurrido que la fórmula ideal para salir del atolladero es apretar a los cubanos de a pie y a los cuentapropistas y ha empezado implantando nuevas tasas para cobrar hasta 900 pesos (36 CUC) por exceso de equipaje en los autobuses interprovinciales y notificando escandalosas subidas de impuestos de hasta un 233% a arrendatarios de casas para turistas. Y, ojo, sólo estamos en enero.
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La subida de impuestos a cuentapropistas que alquilan sus viviendas se ha empezado a aplicar en Cuba con nocturnidad y alevosía. La prensa oficialista se ha hecho la sueca y mantiene a los afectados a la espera de una de esas grandes perlas que atribuyen los nuevos impuestos al "reclamo popular".
En ningún país del mundo la gente se manifiesta a favor de aumentar la presión fiscal. En la Isla tampoco, por más que los voceros del Gobierno y los políticos de medio pelo digan lo contrario. Eso sólo se le ocurre a ellos y si no fuera por lo injusto que es, daría risa.
En Francia el presidente Emmanuel Macron pende de un hilo debido al anuncio de una subida de tasas al combustible que sacó a los "chalecos amarillos" a la calle desde hace más de un mes y mantiene al país en vilo. Cuidado: al pueblo le puedes imponer una ley, pero no le toques el bolsillo.
El sablazo a los arrendadores de casas para turistas, que parece sacado de debajo de la tierra porque ni siquiera la notificación justifica la subida, afecta de lleno a los alquileres en Centro Habana, Habana Vieja, Plaza y Playa, los municipios más turísticos de La Habana. ¿Por qué? No hay que ser muy avispado para entender que el Gobierno cubano no quiere competencia para sus hoteles de lujo.
Con este subidón de impuestos quiere quitarse de encima a todo el que no pueda asumir mes a mes este bofetón de la ONAT (Oficina Nacional de Administración Tributaria) que llega en el peor momento posible: no hay turistas en Cuba, por más que nos hablen de 4,7 millones de visitantes extranjeros en 2018.
La Isla cerró el año pasado con ese dato, superior al de 2017, pero se quedó por debajo de los 5,1 millones de turistas a los que aspiraba el Gobierno de Díaz-Canel.
Éste ha sido uno de los motivos esgrimidos por el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, para justificar que el crecimiento económico del país haya echado el freno de mano en el 1,2% en 2018 y no consiguiera alcanzar el objetivo fijado del 2%.
No es que el turismo, como dice el ministro Gil Fernández, no creció todo lo que se esperaba. Es que el turismo que más crece es el de cruceros, uno de los que menos dinero deja en un país. No sólo en Cuba. En ciudades españolas como Cartagena, los comerciantes se niegan a abrir los fines de semana en los que atraca un buque turístico en su puerto porque con las ventas que consiguen hacer en sus tiendas no cubren ni los gastos de luz de ese día.
Al cierre de 2018, en Cuba había 69.514 habitaciones de hotel. Casi 8 de cada 10 establecimientos (el 76%) son de cuatro y cinco estrellas. Sólo en La Habana hay 11 hoteles de 5 estrellas y se espera construir otros 10 en los próximos 4 años (hasta 2023), según adelantó el Ministerio de Turismo.
Frente a los altos precios y baja calidad de los servicios que ofrece el Estado cubano, están los 22.000 restaurantes y 24.217 habitaciones en casas de alquiler particulares más atractivos para el visitante extranjero que quiere conocer la Cuba de carne y hueso.
El Gobierno de Díaz-Canel se ha visto entre la espada y al pared. Que no le gustan los cuentapropistas no es nuevo. Que se los quiera cargar, asfixiándolos con impuestos, es una más de las jugarretas que se inventan en la Isla para ponerle freno a la creación de riqueza y de puestos de trabajo.
Lo que en países desarrollados sería un pequeño negocio familiar, en Cuba pone en jaque al Estado. Eso nos da una idea más o menos fiable de la fragilidad de un sistema que quiere morir matando.
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