La Constitución socialista en “Los Pasos Perdidos”

Hace poco menos de una semana, el 28 de diciembre último, firmaron y juraron en el Salón de Los Pasos Perdidos del Capitolio los 17 integrantes de la Comisión Electoral Nacional (CEN) que deberán implementar y validar el referendo constitucional del venidero 24 de febrero.

Se trata, tal vez, de los diecisiete individuos que mayor huella pueden dejar en la historia moderna cubana: organizarán el proceso mediante el cual los cubanos decidirán, en teoría, si desean que el Proyecto de Constitución aprobado por unanimidad (la Asamblea y sus empáticas costumbres) sea en lo adelante la ley suprema de la Isla.

Cualquiera esperaría en un Estado normal que esos individuos, al menos ellos, intentaran exhibir cierta independencia, cierta separación de sus funciones con las intenciones del Gobierno que rige al país. Su objetivo teórico es velar por que la voz del pueblo, la voz legítima e inequívoca, sea escuchada mediante el sufragio universal.

Mucho me temo que la huella que pretenden dejar estos 17 es una fea cicatriz. Han decidido hacer del sufragio un naufragio: responder a los designios de los poderosos que les colocaron ahí. Ya saben qué hacer de antemano.

En la ceremonia, los miembros de ese grupo de trabajo fueron particularmente instruidos: debían “velar por la transparencia y la disciplina del proceso que forma parte de las tradiciones más firmes de la Revolución Cubana”. La cita pertenece a Alina Balseiro, presidenta de la Comisión, quien cuidó diligentemente los términos para decir todo sin decir nada. Una de las artes predilectas del totalitarismo cubano: el uso mortal de los eufemismos y sutilezas.

Porque es de una paradoja risible que pidan profesionalismo e imparcialidad -palabras de Esteban Lazo, uno de los pretorianos de la dictadura cubana y presidente de la maltrecha Asamblea Nacional del Poder Popular- a los miembros de la Comisión, y que les recuerden, como quien no quiere la cosa, que su trabajo debe cumplir con las prácticas históricas de la Revolución. Más que un recordatorio podría oler a amenaza si estos individuos no fueran designados por el Consejo de Estado y no fueran, en consecuencia, peones de confianza total. De los que no fallan al rey.

Y es que el Gobierno de Raúl Castro/Díaz-Canel no juega al camuflaje esta vez. Han testeado con tiempo a los actores políticos internacionales, han validado sus prácticas matonescas e intimidantes, y han optado por el trillo más corto para atornillarse aún más en el poder: cerciorarse de antemano de que el referendo del 24 de febrero sea en verdad una ratificación del poder de La Habana y no el medidor final del clamor popular.

De hecho “ratificar” es el vocablo de moda. Lo han sobreexplotado. Es cosa vieja en ellos, pero esta vez desde el propio enfoque de la consulta ya asoma la oreja peluda de la manipulación coral.

La pregunta que deberán responder los cubanos es interrogativa afirmativa: “¿Ratifica usted la nueva Constitución de la República?” y no juega a escondidos. Les interesa hacer sentir incómodos a los que decidan votar no. Que sean ellos los negativos. Y, de ser posible, que no entiendan siquiera que en un proceso con semejantes implicaciones ellos y sus criterios deberían poder ser más independientes.

Porque el Gobierno cubano es un maestro que guía la mano del pupilo. No que presenta el examen y calla. Nada de eso. El gobierno que (en apariencia) preside Miguel Díaz-Canel no se corta para tomar partido por una de las dos posturas, el Sí a la Constitución, por más que ambas opciones sean válidas, legales y reconocidas de antemano.

Los ciudadanos cubanos con derecho electoral deberán soportar un bombardeo descarado y permanente, donde se vincula el Sí a “las tradiciones patrias, al legado de José Martí y a los principios de la Revolución” (según reza uno de los spots que repite la Televisión Cubana por estos días, con impertinencia total). Votar No, en consecuencia, requiere una voluntad casi suicida: es firmarse apátrida, antimartiano y contrarrevolucionario en un país donde algo así se paga con par de décadas de mazmorra.

Una aberración conceptual.

“El Estado no debe interferir nunca, bajo ningún concepto, en la imparcialidad que se busca en un referendo para hacer ley de la voz popular. Y no una ley cualquiera: en este caso, nada menos que la Constitución”, así nos dijo a CiberCuba el catedrático y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) Daniel Gonzalo-Matos. Según éste, las consultas populares forman parte de las tradiciones más caras del concepto democracia y en consecuencia, Estado y referendo son términos incompatibles: “Es una burla que el mismo Estado al que la Constitución entrará en cintura, le dirá cuáles serán sus competencias, limitaciones y prioridades para sus conciudadanos, esté haciendo una descarada campaña a favor del Sí”, concluyó Gonzalo-Matos.

Porque es que ni siquiera se han limitado a jugar la carta de la hipocresía: antes, al menos, lanzaban a sus huestes de “organizaciones no gubernamentales” a modo de ejército con disfraz. (Si los CDR cubanos son no gubernamentales un jabón es piedra pómez). Que emplearan a la FMC o las MTT para pronunciarse por el Sí amparados en su condición de no gubernamentales, al menos tendría un inicio de enmascaramiento. Se les agradecería el intento por reír a nuestras espaldas.

Pero la maquinaria mediática cubana en pleno, desde la primera a la última emisora radial municipal hasta las cuentas de redes sociales de entidades gubernamentales, pasando desde luego por la televisión nacional y todos los diarios en sus versiones de papel y digital, exhiben un impúdico apoyo a una de las dos opciones por las que deberán decantarse los cubanos. Uno de esos apoyos con aroma de orden.

Y creo, la última vez que verifiqué, que todos los medios de comunicación reconocidos en la Isla eran propiedad del Estado. De hecho, es una de las vueltas de tuerca que trae esa misma Constitución que apoyan sin remilgos: que solo los medios estatales sean reconocidos en ella.

Empleando sus “canales establecidos”, sus emisoras y páginas de diarios, los más altos dirigentes políticos y de masas del establishment cubano arengan y casi intimidan a quienes pondrán sus firmas en el Sí o el No el próximo 24 de febrero. El propio Raúl Castro, vigente primer secretario del PCC, clausuró la nueva legislatura de la Asamblea Nacional recordando al pueblo cubano lo que debía hacer con su boleta. Es una farsa.

La falta de cultura democrática que padece el pueblo cubano luego de seis décadas de totalitarismo absoluto pesa en las perspectivas: a nadie parece escandalizarle que el gobierno se burle de la neutralidad que le correspondería por obligación en estos casos. A nadie parece escandalizarle que los 17 integrantes de la Comisión Electoral Nacional, los encargados de validar los resultados del referendo, sean de una fidelidad gubernamental a prueba de balas.

Para colmo, el tema observadores internacionales sigue siendo tabú y no hay noticias de que este episodio sea verificado por verdaderos neutrales. La maquinaria del pensamiento cubano ya ideó un plan, estoy seguro, para encontrar el mejor pretexto posible que deje fuera a los observadores. Por si acaso, están limpias y listas las viejas confiables de siempre: denuncias de complots desestabilizadores yankees, intenciones macabras de la mafia de Miami.

Cuando poco antes de terminar este 2018 los designados de la Comisión Electoral Nacional se marcharon a sus casas, no podían percatarse de la amarga ironía: tendrán en sus manos la decisión cerrada sobre la Constitución del país y se reúnen en un salón llamado Los Pasos Perdidos. Alejo Carpentier no habría ideado mejor (o más macabro) simbolismo.