Todo está preparado en La Habana para que el 8 de octubre comience el experimento de reordenamiento del transporte, el cual establece una nueva clasificación del servicio privado de taxis.
Marta Oramas Rivero, viceministra del Transporte, informó en la Mesa Redonda que desde el pasado 25 de septiembre se lanzó la convocatoria para entregar a los porteadores privados una pro forma de contrato para comprar el combustible.
Este documento, junto a la titularidad de una cuenta bancaria, es un requisito obligatorio para obtener una licencia operativa.
El proceso incluye además una señalización de todos los automóviles, una tarjeta magnética para la compra del combustible, un contrato con una empresa estatal para la gestión del servicio y la posibilidad de acceder a talleres de reparación y otros servicios auxiliares.
En febrero de 2019 el experimento se extenderá a las provincias de Artemisa y Mayabeque y dentro de un año al resto del país. Con el tiempo se incorporarán también autos de mayor porte y capacidad.
Según la dirigente, este reordenamiento busca un equilibrio entre los intereses de la población, los transportistas y el Estado.
En el mes de mayo de 2017 se inauguró un servicio de taxis ruteros gestionados por una empresa estatal con 19 rutas.
El servicio actual dispone de tres modalidades: de ruta, libre y de alto confort o clásico. El primero es el de mayor demanda, el cual cuenta con 23 rutas con un precio de cinco pesos por cada ocho kilómetros.
Pero los transportistas privados han expresado su preocupación por el comienzo de estas nuevas disposiciones. Muchos desconfían de la capacidad real del gobierno de asegurar los insumos y piezas de repuesto a las que supuestamente tendrán derecho quienes se sumen a esta modalidad, dada la escasez de estos artículos que se padece habitualmente en el país, que a veces no se encuentran ni siquiera en el mercado negro.
Otros temen que aquellos que decidan mantenerse en el sistema de oferta y demanda sufran la persecución de las autoridades.
Radio Martí entrevistó a un conductor que ha decidido acogerse a este nuevo plan. Yasser Yera mostró su descontento al decir que nadie contó con los choferes para determinar, por ejemplo, cuánto combustible consumen. “Nos dijeron: son 300 litros y 300 es lo que hay que pagar. Y punto”, dijo.
Según contó, deben pagar tres dólares diarios a una agencia de taxis, además de un seguro de 80 dólares cada tres meses.
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