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El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció nuevos límites a la facultad de los jueces de inmigración para desestimar casos de deportación, decisión que facilita la expulsión del país de migrantes ilegales, informó la agencia Reuters.
Sessions explicó este miércoles que los magistrados solo podrán terminar o rechazar casos en circunstancias "específicas y circunscritas".
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La terminación de un caso de deportación no le otorga al inmigrante un estatus legal, pero sí le da tiempo para buscar otras maneras de quedarse en el país de forma legal.
Los jueces "no tienen autoridad inherente para poner fin a los procedimientos de expulsión, aunque un caso particular pueda presentar circunstancias favorables", añadió.
A diferencia del sistema judicial federal, los tribunales de inmigración dependen del Departamento de Justicia, y el fiscal general puede reescribir las opiniones emitidas por la Junta de Apelaciones de Inmigración.
Según Kate Voigt, directora asociada de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, "la decisión es un nuevo paso en un esfuerzo concertado por la fiscalía general para socavar la independencia judicial y minimizar el papel de los jueces en las cortes de inmigración".
Por su parte Dana Leigh Marks, presidenta emérita de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, dijo que la medida "muestra nuevamente la presión que se aplica a los jueces para que los casos avancen hacia una expulsión (de los inmigrantes) lo más rápido posible".
El Departamento de Justicia no quiso hacer comentarios.
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