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Washington (Reuters) - El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, buscó acelerar la deportación de inmigrantes ilegales y dijo a los jueces que revisan sus causas que solo deben posponer los casos de procedimientos de deportación "por una buena causa".
Sessions, en una orden provisional que fue criticada por algunos abogados, dijo que el estándar de buena causa "limita la discreción de los jueces de inmigración y les prohíbe conceder aplazamientos por cualquier motivo o sin una razón".
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A diferencia del sistema judicial federal, las cortes de inmigración de Estados Unidos dependen del Departamento de Justicia y el fiscal general puede intervenir. Sessions, un exsenador republicano designado por el presidente Donald Trump, ha sido inusualmente activo en esta práctica en comparación con sus predecesores.
Sessions ha liderado los esfuerzos de la administración de Trump para reprimir la inmigración ilegal, incluida una política de "tolerancia cero" que separó a los padres inmigrantes de sus hijos mientras estaban detenidos en Estados Unidos. Trump abandonó esa iniciativa en junio bajo presión política.
Lo fundamental para demostrar una "buena causa" es si una persona puede tener éxito en los esfuerzos por permanecer en Estados Unidos, ya sea solicitando asilo o recibiendo algún tipo de visa o permiso de trabajo, dijo el jueves.
Stephen Kang, abogado del proyecto de derechos de inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su siglas en inglés), describió la orden de Sessions como "preocupante" y una de una serie que "se ha movido en la dirección de restringir los derechos del debido proceso para las personas que se encuentran en procedimientos de deportación".
Kang dijo que Sessions parecía interpretar a los inmigrantes que buscan más tiempo para preparar sus casos como si trataran de "jugar con el sistema y evitar una deportación".
Asimismo señaló que los procedimientos de deportación son complejos y que la gente necesita tiempo "tanto para obtener abogados para garantizar que sus derechos al debido proceso estén protegidos como para garantizar que sus casos sean escuchados justamente".
(Reporte de David Alexander. Editado en español por Carlos Aliaga)
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