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La directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara Rosas, ha declarado recientemente que tras cien días del mandato de Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba, la nueva administración todavía “no ha desmantelado la maquinaria estatal represiva”.
La funcionaria ha celebrado el proceso de reforma constitucional que atraviesa Cuba y espera que abra el camino a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.
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Consideró que si la Constitución fuera aprobada por referéndum en los próximos meses, será “un gran paso adelante para los derechos de las personas LGBTI en Cuba y el Caribe”.
Y añadió: “Le damos la bienvenida a este avance e instamos al Gobierno a apostar por el diálogo con todos los sectores de la sociedad y permitir una pluralidad de voces a medida que realice nuevas reformas”.
Sin embargo, insistió en que “durante los primeros cien días de la presidencia de Díaz-Canel, continuamos recibiendo frecuentemente informes alarmantes de que las autoridades cubanas están arrestando arbitrariamente a personas defensoras de derechos humanos y deteniéndolas por períodos breves”.
También destacó que aunque el ambientalista Ariel Ruiz Urquiola fue liberado condicionalmente a principios de julio, queda la duda de si las autoridades todavía podrían devolverlo a prisión por el resto de su sentencia.
El principal caso pendiente es el de Eduardo Cardet, quien permanece encarcelado tras casi 20 meses de arresto, solo por “ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión".
La directora regional de Amnistía Internacional calificó de “astuta teatralidad" el comportamiento de los funcionarios cubanos durante el Examen Periódico Universal de Cuba ante la ONU en mayo.
Igualmente destaca que lo visto allí "no ocultó la realidad de la vida en la isla, donde las autoridades mantienen una red de control mediante prácticas como el uso arbitrario del derecho penal y despidos discriminatorios de empleados estatales".
La funcionaria de AI ha concluido que “la nueva administración de Cuba todavía tiene la oportunidad de desmantelar la maquinaria estatal represiva que continúa eclipsando cualquier otro avance en el cumplimiento de los Derechos Humanos”.
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