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El Gobierno de Miguel Díaz-Canel ha liberado al biólogo Ariel Ruiz Urquiola, que se mantuvo en huelga de hambre y sed durante 16 días para protestar contra las irregularidades en el juicio que lo envió un año a prisión por llamar "Guardia Rural" a dos guardabosques que entraron en su finca de Viñales.
Le han dado una licencia extrapenal por problemas de salud y un certificado médico que lo diagnostica de depresión y ansiedad. Es la manera que han encontrado para dar marcha atrás a una injusticia que consiguió unir a los cubanos de todas las corrientes políticas. Sin quererlo, Ariel Ruiz Urquiola se convirtió en un peligro para Díaz-Canel porque no estamos hablando de un disidente sino de un ecologista, de un profesor universitario que disfruta siendo un campesino.
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Su liberación es el reconocimiento de la torpeza política que lo llevó a la cárcel. Son conscientes de que lo menos que necesitan en estos momentos es un mártir encarcelado por un delito común, el de "desacato". Un año de prisión por llamar "Guardia Rural" a alguien es una infamia que sólo está a la altura del premio concedido al tribunal de Pinar del Río que lo juzgó. Es el colmo del absurdo. Una broma macabra.
La sentencia contra Ruiz Urquiola movilizó a los de siempre y a los que nunca. Permitir que el profesor universitario permaneciera en prisión era casi igual que admitir que cualquiera de nosotros puede ir a parar a la cárcel sin haber disentido en la vida. Fueron demasiado lejos.
Liberar a Ruiz Urquiola, el primer preso político achacable al Gobierno de Díaz-Canel, ha sido un paso de avance, pero hacen falta más. Eduardo Cardet, un médico del municipio holguinero de Velasco, coordinador del Movimiento Cristiano de Liberación, lleva dos años en prisión acusado de alterar el orden público. Pero no es el único. Hay cerca de un centenar de cubanos que se están pudriendo en las cárceles de la Isla. Su único delito es no estar de acuerdo con el Gobierno.
Es una vergüenza que a estas alturas sigamos permitiendo que personas que en un país democrático serían representantes de un partido político más, se les persiga y encierre por delitos comunes. Es una mezquidad que a muchos les apliquen la Ley de Peligrosidad.
El poder hay que ganarlo en las urnas, pero compitiendo en igualdad de condiciones. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ya nos contó en un vídeo filtrado el año pasado cómo se las estaba agenciando para que no se colara ningún disidente en las asambleas del Poder Popular. ¿A qué le temen? ¿No están convencidos de que su proyecto tiene el apoyo de la mayoría? ¿Cuál es el miedo?
Díaz-Canel ha cambiado las formas: juega al baloncesto, visita a la Caridad del Cobre, sale a patearse las calles. Pero no es suficiente. Hemos esperado demasiado tiempo como para conformarnos con la cáscara. Tiene que demostrar que representa a una generación de cubanos que se avergüenza de que los jóvenes se marchen en desbandada del país porque el Gobierno no es capaz de garantizarles un futuro sin calamidades diarias, apagones, cortes de agua y letreros de "No hay huevos".
Las remesas que mandamos los emigrantes son una de las principales fuentes de ingresos de divisas en la Isla, por encima del turismo. Si somos capaces de mantener el país en la distancia, también debemos ser capaces de reclamar la libertad para nuestros hermanos encarcelados. Pueden soltarlos apelando a la fórmula que les dé la gana. Los queremos en libertad.
De muchos de los presos de conciencia que hoy duermen en las cárceles cubanas ni siquiera sabemos los nombres. Cuando se habla de ellos, miramos para otro lado y fingimos que no va con nosotros. Pensamos que no podemos hacer nada y no es cierto. Sí podemos. Podemos compartir, de teléfono en teléfono, sus caras, sus historias. No se trata de compartir su ideología. Se trata de defender los artículos recogidos en la Declaración de Derechos Humanos. Entre ellos, el derecho a no ser detenido arbitrariamente, a no ser encarcelado ni desterrado; el derecho a salir del país y poder regresar, el derecho a la libertad de pensamiento, de opinión y de expresión, el derecho a la libertad de reunión y de asociación.
Son sólo algunos, pero son los que más nos duelen. Esa sustracción de derechos es la que mantiene en la cárcel a un centenar de disidentes. ¿Alguien en su sano juicio puede imaginarse al médico Eduardo Cardet cometiendo un acto de desorden público?
Todos hemos visto escenas nauseabundas de agentes de la Seguridad del Estado amenazando a opositores, como aquel que usó una frase lapidaria: "Lo que te quedan son horas" (de libertad) para intimidar a una Dama de Blanco. No puede corresponder a un funcionario del Ministerio del Interior decidir quién o cuándo debe ser encarcelado. Para eso están los tribunales, pero también para eso necesitamos jueces decentes, fiscales honrados, no como el magistrado que recibió un premio por encarcelar a Ariel Ruiz Urquiola.
Queremos pensar que en Cuba los hay. Sería iluso creer que todos los que están en la Isla son comunistas porque sabemos que no es así. También es cándido creer que todos son derechas. Aquí no se trata de retratarse. Se trata de decir basta.
La prensa oficialista ha filtrado a duras penas que el anteproyecto de reforma parcial de la Constitución, que se aprobará el 21 de julio próximo, previsiblemente por mayoría aplastante, incluirá tratados internacionales que Cuba firmó hace tiempo.
Marcaría un antes y un después en la historia y en nuestras vidas que incluyera la Declaración de Derechos Humanos firmada por el Gobierno de la Isla hace 8 años. Porque así ningún cubano tendrá que llorar la muerte de un familiar en el exilio porque no lo dejan entrar a su país. Ningún disidente irá a la cárcel por querer una Cuba distinta.
Ya sacamos a Ariel Ruiz Urquiola de la cárcel. Lo sacamos todos. Tenemos fuerza. Podemos sacar a los otros 100. No hay derecho. Es injusto y tenemos que defenderlo. Da igual que no piense como nosotros. Nadie merece el infierno. No podemos seguir siendo cómplices con nuestro silencio.
Pedimos una amnistía para todos los prisioneros de conciencia.
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