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La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirsjten Nielsen, anunció a un subcomité del Senado norteamericano la intención del gobierno de EE.UU. de implementar seis nuevos pasos que reducirían la entrada de emigrantes indocumentados hasta en un 75%.
Según reporta Univisión, la funcionaria defendió la política de “tolerancia cero” contra todo aquel que cruce la frontera de Estados Unidos con México y afirmó que no habrá excepciones en los procesos de deportación.
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Las nuevas medidas que pretende tomar el gobierno de Donald Trump son:
- Eliminar el Acuerdo Flores, el cual prohíbe la detención de menores de edad en instalaciones restrictivas. Ello permitiría la detención de niños en la frontera o dentro del territorio nacional.
- Revisar la Ley TVPRA, que prohíbe la deportación de menores que no sean de países fronterizos siempre que hayan sido detenidos en la frontera, y exige que sea un juez de inmigración quien decida si entran o no en Estados Unidos.
- Cambiar la manera en que se procesan los UAC (menores no acompañados). Si se suspende la Ley TVPRA, se podría interrumpir el debido proceso de los niños que llegan a la frontera y se acelerarían sus deportaciones.
- Revisar también el Acuerdo Zadvydas, que prohíbe a la Oficina de Inmigración y Aduanas tener bajo custodia por más de seis meses a un inmigrante al que no ha podido deportar, a no ser que haya evidencias de que es un peligro para la seguridad nacional.
- Aumentar los castigos a los llamados fraudes silenciosos. El Gobierno no ha definido aún qué hechos serán calificados como fraude y si esa determinación quedará a discreción de los agentes de inmigración. Según Univisión, ello puede colocar a miles de inmigrantes al borde de la deportación acelerada.
- Por último, el Gobierno de Trump se propone desmantelar el contrabando y las TCO (Organizaciones Criminales Transnacionales). Todavía no se sabe cómo se hará pero sí es un hecho que desde marzo de 2017 el Departamento de Justicia busca procesar a los padres de menores no acompañados bajo imputaciones de tráfico humano.
Todos estos programas y leyes fueron aprobados en su momento por el Congreso y ratificados por la Corte Suprema de Justicia.
Aunque los senadores demócratas no respaldan la política migratoria del presidente, no cuentan con la mayoría suficiente en el Congreso para ir en su contra.
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