Cuba hace público reglamento de protección al consumidor para evitar la "dispersión legislativa"

Este nuevo reglamento intentará responder a los frecuentes reclamos de los consumidores, quienes sobre todo se quejan del continuo maltrato de los vendedores, el incumplimiento de los horarios de venta, el desabastecimiento en las tiendas estatales, además de los precios y bienes adulterados.

Tiendas en Cuba Foto © Radio Reloj

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La Habana, 4 may (EFE).- Cuba publicó hoy una resolución que acabará con el vacío y la "dispersión legislativa" referente a la protección al consumidor en su comercio interno, normativas que "arrojarán luces" sobre una futura Ley y buscan frenar la "tendencia creciente" en las violaciones de los derechos del cliente.

Aprobada por el Ministerio del Comercio Interior (Mincin), la Resolución 54 de 2018 entrará en vigor 30 días después de su divulgación este viernes en la Gaceta Oficial y su principal fortaleza radica en la "capacidad de recopilar en un documento todo aquello que estaba disperso", indicó el diario estatal Granma.


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Este nuevo reglamento intentará responder a los frecuentes reclamos de los consumidores en el país caribeño, quienes sobre todo se quejan del continuo maltrato de los vendedores, el incumplimiento de los horarios de venta, el desabastecimiento en las tiendas estatales, además de los precios y bienes adulterados.

A esto se une el alto costo de los productos frente a los reducidos salarios de la isla, que se sitúan en un promedio de 740 pesos cubanos (unos 29 dólares) al mes.

La sección "Cartas" del propio diario Granma - tribuna habitual para los descontentos con servicios y productos- recoge hoy la denuncia de un cliente que pagó 216 pesos por un paquete de pollo que contenía 1,33 libras de agua congelada, y la "frustración" de otro ante la "pésima calidad" y el "deficiente gramaje" de una lasaña que un restaurante ofrece por 15 pesos.

Ahora, la nueva resolución establece derechos y deberes de los consumidores "que no estaban explícitos en ninguna norma rectora" y "determinan las obligaciones generales de los proveedores de productos y servicios", ya sean estatales o privados.

El reglamento estipula que los clientes deben recibir mercancías y prestaciones con calidad, tener garantizado el oportuno abastecimiento de bienes de primera necesidad y la protección de sus "intereses económicos" que modo que puedan adquirir artículos con "adecuada relación calidad-cantidad-precio".

Además, incluye el derecho a compensaciones por daños y perjuicios, y dispone vías y mecanismos para tramitar reclamaciones.

Según la normativa los clientes podrán exigir que se les dispense "un trato amable, transparente, equitativo, no discriminatorio ni abusivo en relación con las condiciones de calidad, cantidad, precio, peso, volumen, medida de los productos y servicios de cualquier naturaleza que adquieran".

La jefa de la dirección de Protección al Consumidor del Mincin, Yalina Garbey, dijo a Granma que mensualmente el Ministerio tramita de 70 a 80 quejas, de las que un 60% tiene que ver con "insatisfacciones sobre productos y servicios".

Estas denuncias contemplan incumplimientos de los ciclos de la canasta básica subsidiada por el Estado, el "irrespeto a los horarios de servicio", la no devolución de cambio, "la introducción de mercancías en establecimientos comerciales y el ocultamiento de estas para luego ofertarlas a los revendedores".

"La calidad de algunos servicios, sobre todo en lo que concierne al peso y el maltrato de los vendedores, así como las violaciones de los precios, concentran la mayor parte de los reclamos", reconoció Garbey.

La directiva recordó que desde el 2000 Cuba trabaja en la actualización de su Ley de Protección al Consumidor, una labor "lenta" que se paralizó en 2011 en medio de las reformas económicas impulsadas por el expresidente cubano Raúl Castro.

En la actualidad aún no ha sido aprobada la versión definitiva de la nueva legislación, pero ya existe proyecto orientado al respeto de los derechos de los consumidores, la ética y responsabilidad social de los proveedores de bienes y servicios, adelantó. EFE

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