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La exgerente de la firma cervecera Bucanero S.A en La Habana y su esposo, exjefe de Ventas de la misma sucursal, fueron detenidos por las autoridades cubanas en una operación anticorrupción que les incautó un patrimonio valorado en más de 208.000 dólares. El suceso, ocurrido en 2016, estuvo sujeto a especulaciones hasta el día de hoy, en el que la prensa nacional ha decidido sacar a la luz los detalles y algunas fotos de los bienes confiscados.
En un artículo publicado en Bohemia que aborda varios casos inéditos de corrupción entre altos dirigentes y funcionarios cubanos, el escándalo de Bucanero destaca por la “enajenación” de sus participantes, conducidos por “el lucro y la ostentación”, según expuso el autor del texto, Lázaro Barredo Medina, ex director de Granma.
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Según el informe, que no incluye los nombres de la pareja involucrada, la Policía llegó a decomisar, además del patrimonio antes mencionado, dos propiedades inmuebles, una de dos pisos y otra de tres; varios autos modernos, y bienes valorados en casi 90.000 dólares.
“La enajenación a que conducen el lucro y la ostentación hizo que la exgerente y su esposo, le regalaran a su hijo este auto Hyundai comprado en 77. 000 CUC, al cumplir 18 años y matricular en la Universidad de La Habana. La habitación del joven tenía el siguiente anuncio en la puerta: “Este cuarto no será un hotel, pero lo tiene todo incluido”, refiere el artículo.
El matrimonio no fue el único caso detectado en Bucanero S.A, una compañía estatal mixta copropiedad de la canadiense Cerbuco Brewing. El exjefe de almacén de la Sucursal Habana también fue arrestado por delitos relacionados con la venta ilegal de cervezas.
Al profesional se le confiscó un patrimonio ilegítimo valorado en más 5.487.000 de pesos cubanos (230.000 dólares), que incluyó tres propiedades inmuebles con alto confort, un auto y más de un millón de CUP en efectivo.
De acuerdo con el informe, en la evaluación de los años 2016 y 2017 se han tramitado varias decenas de procesos penales por hechos de corrupción y los principales responsables fueron sancionados con severas penas de privación de libertad.
También entre finales del año 2015 y el 2017 se llevaron a cabo 23 procedimientos confiscatorios al amparo del Decreto-Ley 149 de 1994 por un patrimonio total de 135 millones de pesos, en las provincias de Pinar del Río, Mayabeque, La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Las Tunas, Granma y Santiago de Cuba, donde resultaron expedientadas 25 personas, de ellas varios funcionarios, y otras 126 como terceros beneficiados (algunos que actuaron como testaferros o prestanombres).
Entre las principales ilegalidades en las que intervinieron los expedientados y sus terceros beneficiados se encuentran la falsificación de documentos notariales para evadir las obligaciones tributarias (fundamentalmente en la adquisición de vehículos y viviendas); sustracción de electricidad para negocios particulares, y el otorgamiento de dádivas a inspectores y otros funcionarios públicos.
En el año 2016, la Fiscalía General de la República recibió un total de 196 denuncias relacionadas con casos de corrupción. Entre las entidades estatales afectadas se encontró el monopolio de las telecomunicaciones ETECSA, Vivienda y el Banco Internacional de Comercio.
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